Expertos alertan de vulneraciones de derechos en causas contra patrones de pateras en Baleares

PalmaEl Observatorio sobre Migraciones en el Mediterráneo (Omimed) ha iniciado una colaboración con el Proyecto Patrones, una iniciativa impulsada por abogadas, abogados y activistas especializados en la defensa de personas acusadas de patronear embarcaciones en Baleares y Canarias. El objetivo es analizar y mejorar las garantías jurídicas de los presuntos patrones procesados en los tribunales españoles, especialmente en territorios como Baleares, donde este tipo de casos han aumentado en los últimos años.

Según datos recogidos por el Proyecto Patrones, en la última década más de 1.500 personas han sido acusadas en España de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular previsto en el Código Penal. Los procedimientos se concentran principalmente en las Islas Canarias, Almería, Ceuta, Murcia y las Islas Baleares. En el caso balear, el incremento de las llegadas marítimas irregulares durante los últimos cinco años ha ido acompañado de un aumento notable de causas judiciales abiertas contra presuntos patrones de embarcaciones. Entre 2022 y 2025, un total de 77 personas han sido acusadas en el Archipiélago por este motivo.

El estudio La criminalización de los patrones de embarcación en el Estado español y Canarias, elaborado por el Proyecto Patrones este 2025, denuncia diversas irregularidades en los procesos judiciales. Entre otras cuestiones, apunta a acusaciones sustentadas casi exclusivamente en testimonios protegidos, presiones policiales, confiscaciones irregulares de teléfonos móviles y carencias en la defensa jurídica y en la disponibilidad de intérpretes adecuados.

El informe también cuestiona el uso prolongado de la prisión preventiva. En Tenerife, según el estudio, durante 2023 se superaron los 500 días de prisión provisional de media en este tipo de causas. Los autores alertan de que esta situación puede empujar a muchas personas acusadas a declararse culpables para reducir condena, aunque sostengan su inocencia. Los abogados implicados en el proyecto también denuncian casos de menores de edad que habrían sido juzgados como adultos por no haber sido correctamente identificados. Además, recuerdan que las consecuencias de una condena no acaban con la pena de prisión, ya que los antecedentes penales dificultan durante años la regularización administrativa de las personas afectadas.

Ante esta realidad, la Omimed ha decidido impulsar una línea de trabajo específica centrada en el análisis de la respuesta judicial española ante las llegadas marítimas irregulares. El objetivo es detectar posibles vulneraciones de derechos y formular propuestas para reforzar las garantías procesales en este tipo de procedimientos.

La primera acción conjunta entre las dos entidades se llevó a cabo el 21 de abril, en una jornada celebrada en las Illes Balears en la que participaron Inés Marco, coordinadora del Proyecto Patrons; Marco Aparicio, profesor de la Universitat de Girona, y Margalida Capellà, profesora de la Universitat de les Illes Balears y directora de l’Omimed. Durante el acto se presentaron datos sobre las llegadas marítímas irregulares a las Baleares durante el 2025 y se expusieron las dificultades que afrontan las personas acusadas de pilotar embarcaciones, en el marco del proceso de criminalización que, según los participantes, se extiende por toda la Unión Europea.