Entidades migrantes cargan contra el recurso de Prohens a la regularización: "Nos quieren para hacer trabajo, pero no para tener derechos"
Las colectivos acusan al PP de asumir discursos de la extrema derecha sobre inmigración. Estudian ir al Tribunal Constitucional
PalmaEntidades de migrantes de las Baleares han expresado este sábado su "profunda indignación" ante la decisión del Gobierno de Marga Prohens de recurrir ante el Tribunal Supremo contra el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el gobierno español y de pedir su suspensión cautelar. Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Plataforma de la inmigración en las Baleares, la Federación de Asociaciones de Inmigrantes (FADI), la Asociación de ecuatorianos de Ibiza y Formentera y la Asociación de senegaleses de las Baleares.
Las entidades consideran que esta decisión supone "un ataque directo" contra miles de personas que hace años que viven y trabajan en las Islas en sectores esenciales como la hostelería, la construcción, los cuidados sociosanitarios y el trabajo doméstico. Según denuncian, la falta de regularización favorece situaciones de explotación laboral, precariedad y economía sumergida, e impide a muchas familias acceder a derechos básicos como la vivienda y la formación profesional.
Los colectivos migrantes acusan también al PP balear de asumir "el discurso de la extrema derecha" y de utilizar a las personas migrantes como "chivos expiatorios" para alimentar narrativas basadas en el miedo y la estigmatización. "Nos quieren para trabajar, pero no para tener derechos", dice Farouk Pino Nalla, portavoz de las entidades. Las asociaciones defienden que la regularización "no genera delincuencia ni rompe la convivencia", sino que contribuye a proteger los derechos humanos y combatir la explotación laboral.
Finalmente, el colectivo de entidades migrantes de las Islas ha exigido la retirada inmediata del recurso presentado por el Gobierno y ha advertido que, si se mantiene esta posición, las asociaciones estudiarán presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que las administraciones públicas garanticen la documentación necesaria para el proceso de regularización.