Denuncian al Consell de Mallorca y Quirón por conseguir pruebas contra una funcionaria "ilícitamente"
La afectada considera que tanto la empresa como el Consell Insular habrían cometido un presunto delito de prevaricación y revelación de secretos
PalmaUna funcionaria interina del Consell de Mallorca ha presentado una querella criminal en los juzgados de Palma contra varios cargos de la institución insular y contra la empresa Quirón, a quienes acusa de presuntos delitos de prevaricación administrativa y revelación de secretos en el marco de un expediente disciplinario abierto contra ella por una supuesta situación de incompatibilidad laboral.
La querella se dirige contra el representante legal de Quirón, la propia empresa, la directora insular de Función Pública, la secretaria técnica de Presidencia –que actuó como instructora del procedimiento sancionador– y contra el Consell de Mallorca como persona jurídica.
Según el escrito, los hechos se remontan a abril de 2024, cuando el Consejo incoó un expediente disciplinario a la funcionaria, jefe del Servicio de Medicina Deportiva, por presuntos incumplimientos de jornada y por prestar servicios de forma simultánea al Consejo ya Quirón sin haber solicitado cómo. La querellante sostiene que el expediente es arbitrario y selectivo, denunciando que otros profesionales del mismo ámbito se han encontrado en situaciones similares sin ser sancionados.
Uno de los ejes centrales de la querella es la forma en que, durante la instrucción del procedimiento, la Administración habría obtenido sin consentimiento datos especialmente protegidos, como el informe de vida laboral y el historial de cotizaciones de la trabajadora a través de la Tesorería General de la Seguridad Social. La defensa considera que esa actuación no sólo vulnera la normativa de protección de datos, sino que podría tener relevancia penal.
El escrito también denuncia la cesión de información personal a Quirón sin autorización de la afectada ni cobertura legal. Entre esta información, se incluiría un informe de un detective privado contratado por el propio Consejo para realizar un seguimiento de la funcionaria. Según la querella, los datos de este informe habrían sido utilizados por Quirón para justificar el despido de la trabajadora, cuya carta, según la defensa, reproduce literalmente detalles del seguimiento.
Además, la funcionaria afirma que la incoación del expediente disciplinario respondería a una represalia por haber denunciado previamente un presunto incumplimiento contractual dentro de la Administración, lo que, a su entender, vulnera el derecho de indemnidad. El expediente culminó con sanciones de suspensión de funciones y sueldo que suman más de cuatro años.
El recurso de alzada contra la sanción fue desestimado por el Consell de Mallorca, y la trabajadora ha interpuesto también un recurso contencioso administrativo, todavía pendiente de resolución. Paralelamente, la querella penal solicita diligencias como la declaración de los querellados, la aportación íntegra de los expedientes y una valoración forense del estado de salud de la funcionaria, que asegura sufrir un trastorno ansioso-depresivo derivado de los hechos.