Los decretos de vivienda del gobierno español no convencen: "No seremos la campaña electoral de nadie"
El Sindicato defiende que la aprobación del primer decreto no detendrá sus reivindicaciones y las personas acampadas en Palma reclaman bajar los alquileres y garantizar contratos estables
PalmaLas nuevas medidas de vivienda aprobadas este martes por el gobierno español no han convencido ni al Sindicato de Inquilinas de Mallorca, ni a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ni a las personas que mantienen la acampada por la vivienda en la plaza de España de Palma. Las tres organizaciones valoran que las medidas pueden suponer un alivio para las personas afectadas, pero las consideran insuficientes para resolver el problema de fondo.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Mallorca, Celeste Rodríguez, ha reiterado su crítica al conocido como 'decreto Maricarmen' y ha recordado que, según su interpretación, la propuesta inicial fue "troceada" con el objetivo de que no prosperara una de las principales reivindicaciones: los contratos de alquiler indefinidos. "Para nosotras, las medidas que propusimos ya eran un escenario de mínimos", ha señalado Rodríguez, en referencia a las actuaciones que el sindicato considera necesarias para "paliar a corto plazo la situación dramática de miles de inquilinas".
En este sentido, considera que la aprobación del primer decreto por parte de la Diputación Permanente no supone ningún freno a las reivindicaciones del movimiento de inquilinos. "No supone ningún obstáculo para nuestras pretensiones", ha defendido. El objetivo del sindicato, ha explicado, es ir más allá de las medidas aprobadas y "acabar con el negocio rentista" para garantizar "el derecho efectivo a una vivienda digna para todo el mundo". Por eso, Rodríguez ha avanzado que continuarán con las movilizaciones y trabajando en la preparación de una huelga general por la vivienda, que reclama que sea "masiva, transversal e histórica".
La PAH: "No es suficiente"
La PAH también considera que las medidas aprobadas son un paso positivo, pero insuficiente. "Está bien que hagan el Decreto ley de vivienda, pero consideramos que no es suficiente", ha señalado la organización.
La principal crítica de la PAH es que parte de las medidas tiene una duración limitada. Según explica, las protecciones pueden permitir detener temporalmente desahucios o determinadas finalizaciones de contrato, pero el problema reaparecerá cuando acabe el plazo establecido. "De momento detienen los desahucios, finalización de contratos, etcétera. Pero son dos años. Una vez que pasen estos dos años, volveremos a estar igual", ha advertido.
Por eso, la entidad reclama al gobierno español que adopte medidas que garanticen de manera permanente que las personas puedan mantener su vivienda. "Queremos leyes más firmes para que no se puedan deshacer", ha defendido.
La PAH también cuestiona qué puede pasar si hay un cambio de ejecutivo y las medidas dejan de tener efecto. "¿Y si hay un cambio de gobierno? ¿Se encontrará la gente otra vez desprotegida?", plantea la organización. En este sentido, considera que cualquier gobierno, independientemente del color político, debería asumir el compromiso de que las personas no tengan que sufrir para poder mantener una vivienda que puedan pagar.
La acampada de Palma: "No seremos la campaña electoral de nadie"
La acampada por la vivienda de Palma también considera que las medidas llegan tarde y en pleno contexto electoral. "Nos preocupa que Sánchez vuelva a utilizar la vivienda para hacer anuncios cuando se acercan las elecciones, después de años sin tomar las medidas necesarias", señalan. Para los activistas, los inquilinos no necesitan promesas electorales, sino soluciones: los alquileres siguen siendo inasumibles y los decretos son insuficientes. Reclaman bajar los precios de los alquileres, garantizar contratos estables y poner límites a los fondos buitre y a los grandes propietarios.
En este sentido, defienden que los decretos han vuelto a aprobarse porque "hemos presionado" y no como un regalo del gobierno español. Consideran que la rectificación es una buena noticia, pero insisten en que "recuperarlos es un avance, pero no basta" y que la emergencia residencial continúa intacta. Por eso, reclaman mantener la presión en las calles para conseguir medidas "mucho más contundentes" y advierten que Pedro Sánchez no puede convertir los decretos en "propaganda electoral".
La acampada también reivindica la convocatoria de una huelga general tras el anuncio de CCOO y UGT, que interpretan como una consecuencia de la presión social acumulada. "La huelga, la hemos arrancado", sostienen, y defienden que no se puede limitar a "un día sin trabajar, una jornada festiva, ni una manifestación y todos a casa". A su parecer, tiene que ser "masiva" y es necesario que sirva para elevar la movilización y conseguir nuevos derechos, no para desactivarla ni convertirse en "un acto de campaña electoral del PSOE".
Ante el adelanto electoral, los activistas consideran que el nuevo escenario político debe servir para reforzar la movilización y poner la vivienda en el centro. "No queremos promesas electorales, queremos medidas", remarcan. Y dejan claro que no piensan vincular sus reivindicaciones a ninguna formación: "Nuestra movilización no pertenece a ningún partido. No seremos la campaña electoral de nadie". "Gobierne quien gobierne", añaden, continuarán en las calles hasta conseguir "soluciones reales" a la emergencia de vivienda.
Los sindicatos ponen fecha a la huelga general por la vivienda
Alrededor de un centenar de personas convocadas por CCOO y UGT se han concentrado este martes ante el Parlament para reclamar que las Baleares sean declaradas zona tensionada. El secretario general de CCOO en las Baleares, José Luis García, ha advertido que vivienda y salarios "van de la mano" y ha denunciado que el aumento de los sueldos "se lo ha comido" el encarecimiento de la vivienda. "Hay que poner a las personas en el centro y no la especulación", ha reivindicado.
La secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT, María José Cordero, ha calificado la situación de "crítica" y ha asegurado que "tener un trabajo no significa poder vivir". Cordero ha anunciado que la huelga general para reclamar el derecho a una vivienda digna se hará durante la primera semana de noviembre y ha llamado a sindicatos, ciudadanía y organizaciones a sumarse.