Costes no borra el rastro de los temporales en Menorca

CiutadellaEl rastro dejado por los continuados temporales de invierno no se ha borrado en Menorca. La huella todavía está presente, meses después, en diversos lugares del litoral menorquín y, lo que es más grave, con la temporada iniciada.

El caso más llamativo afecta al municipio de Migjorn Gran, más aún desde que la directora insular de Costas, Clara Mayans, dijo públicamente que no se arreglará una de las pasarelas dañadas porque “sería tirar el dinero”. La explicación de los responsables de Costas es que no compensa arreglar las estructuras que en los últimos años han sufrido constantemente el embate de las olas, porque cada verano se han de reparar. Y el efecto del cambio climático hace prever que continuará así.

La consecuencia ha sido que una turista británica se ha hecho una herida en la cabeza al poner el pie donde no había ningún escalón y el Ayuntamiento ha tenido que cerrar el acceso por precaución. En pleno inicio de temporada y como Costas no actúa, se han cerrado dos de las tres pasarelas, las únicas que, además, disponen de rampa de acceso para personas con problemas de movilidad.

El gobierno municipal ha remitido el informe policial del incidente a Costas para que “sea consciente del peligro al que somete a los usuarios” y le ha reclamado públicamente la reparación “integral e inmediata” de las pasarelas. Entiende que negarse a arreglar las estructuras es “inaceptable” porque vulnera los derechos básicos de accesibilidad universal al dominio público marítimo-terrestre. Además, remarca que no se puede afirmar que reparar las estructuras sería “tirar el dinero” cuando el Estado recauda anualmente más de 12 millones de euros en Baleares en concepto de canon por la ocupación del dominio público. El Ayuntamiento cree que “es de justicia que parte de estos ingresos reviertan en el mantenimiento de las infraestructuras, de las cuales el Estado es el responsable”.

No es el único motivo de discordia. El nuevo convenio del sector, que mejora las condiciones de trabajo de los servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo en las playas, obliga al Ayuntamiento a pagar más del doble de lo que ingresa por la explotación del litoral. El salvamento, el abalizamiento y la reparación de las torres de vigilancia le han supuesto este año un coste de 243.062 euros, sensiblemente superior a los 108.856 que el verano pasado obtuvo de las concesiones de playa.

El concejal de Turismo y Medio Ambiente, Antoni Borràs, ha pedido a las administraciones insular y autonómica que se impliquen y que el servicio de salvamento sea mancomunado para hacerlo repercutir en exclusiva sobre los municipios. Borràs critica que el Govern “no consulte a los ayuntamientos a la hora de negociar mejoras en el servicio, cuando son los municipios los que deben asumirlo”.

Así, el gobierno del Migjorn se plantea reducir el próximo verano el horario del servicio de vigilancia en las playas para rebajar su coste. Una decisión que ya han tomado y que harán efectiva este año los ayuntamientos de Ferreries y es Mercadal. “Teníamos reservada una partida en los presupuestos, pero la subida del convenio ha sido mayor de lo que podíamos imaginar y no hemos podido incorporarla”, explica el alcalde de Ferreries, Pedro Pons. Hacerlo habría supuesto tener que publicar la licitación en el Diario Europeo (DOCE) y, por tanto, retrasar mucho la puesta en marcha del servicio, motivo por el cual se decidió recortar las prestaciones. El resultado es que no habrá socorristas en Cala Mitjana ni este mayo ni a partir del 15 de septiembre, y que solo se podrá cubrir el servicio dos meses y medio de principio y final de temporada, lo que provocará que se desplace una barca cuatro veces al día desde Cala Galdana.

El Ayuntamiento de Sant Lluís también ha reaccionado en el caso de las plataformas de baño de l’Algar, que el Consistorio ha tenido que reparar por su cuenta ante la “inacción” de Costas. La borrasca Harry dejó maltrecha la zona de baño, y el gobierno municipal se ha cansado de esperar la intervención del Estado y ha contratado una empresa para arreglarla con urgencia. El coste para el municipio ha sido de 4.636,28 euros.

Sin seguridad en las instalaciones

Como en Migjorn Gran, el Ayuntamiento de Sant Lluís también considera “profundamente injusto” que el Ministerio para la Transición Ecológica continúe recaudando el canon de las concesiones en el litoral sin garantizar a la vez el mantenimiento y la seguridad de las instalaciones de playa. La situación se ha agravado con la transferencia parcial de las competencias que en 2022 se hizo a favor de la Administración, un modelo que el Ayuntamiento cree “fracasado”, ya que “una administración cobra, otra tramita y no hay ninguna que responda cuando surge un problema real”.

De hecho, el Ayuntamiento de Sant Lluís ha constatado cómo las plataformas de baño de l'Algar no tienen ninguna concesión vigente a pesar de encontrarse en pleno dominio público marítimo-terrestre, una situación que no ha cambiado aunque haya expedientes abiertos en este sentido correspondientes a 1999, 2006 y 2022. El Ayuntamiento considera “inaceptable” que los expedientes no se hayan resuelto en estos 25 años y que nadie haya invertido en todo este tiempo en la puesta a punto de las estructuras.

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha recogido el malestar de los municipios, y ha aprovechado el reciente encuentro de presidentes en Formentera para manifestar la “preocupación compartida y generalizada” por el funcionamiento de Costas en Menorca. Vilafranca se ampara en los casos de Sant Tomàs y l'Algar para denunciar que “los ayuntamientos pagan, pero después el gobierno español no responde con la diligencia que Menorca necesita”.

La situación podría empeorar si, como teme el presidente insular, Costas duplica el canon que actualmente cobra a cambio de autorizar la ocupación y la explotación de las concesiones en las playas. Vilafranca pide al Estado que “no materialice la subida”, que califica de “inaceptable, y más cuando no se reinvierten estos dineros en Menorca”.