El Consejo rebaja la tarifa de la basura mientras la Intervención alerta que el sistema de Tirme es "desequilibrado"
El PSIB y MÉS reprochan a Galmés que mantenga un sistema que favorece a la concesionaria y que no beneficia a los isleños
PalmaLa rebaja del 10% de la tarifa de tratamiento de los residuos aprobada este miércoles por el Pleno del Consell de Mallorca ha quedado, en parte, eclipsada por el duro debate político sobre la concesión de Tirme. El PSIB y MÉS per Mallorca han reprochado al presidente de la institución, Llorenç Galmés, que mantenga un modelo que, a su parecer, continúa favoreciendo a la concesionaria a pesar de las advertencias formuladas por los órganos de control del mismo Consell.
El acuerdo aprobado por el PP y Vox fija la tarifa del tratamiento de los residuos sólidos urbanos en 103 euros por tonelada, un 10% menos que el año anterior. El Govern insular ha defendido que la reducción aliviará el coste que asumen los ayuntamientos y la ha atribuido a la mejora de la situación económica del sistema, favorecida también por la nueva regulación que permite trasladar a Mallorca la fracción de rechazo de Eivissa y por la compensación económica prevista por el Govern balear.
El conseller de Hacienda, Rafel Bosch, ha defendido que la reducción de la tarifa cumple el compromiso adquirido por el Govern insular esta legislatura y ha asegurado que contribuirá a aliviar el coste que asumen los ayuntamientos por el tratamiento de los residuos. Según el Consell, la rebaja es posible gracias a una subvención de 50 millones de euros vinculada al traslado de la fracción de rechazo de Eivissa a Mallorca, financiada en parte por el Govern con 25 millones de euros para el plan piloto y con 13 millones más procedentes del fondo de prevención y gestión de residuos. La oposición, en cambio, ha situado el foco en otra cuestión: el modelo con el que se calcula esta tarifa.
Catalina Cladera, portavoz del PSIB, ha afirmado que tanto la Intervención General como la Secretaría General del Consell han emitido "informes críticos sobre la metodología utilizada para revisar la tarifa de Tirme". Según los socialistas, los órganos de control cuestionan aspectos esenciales del sistema y recomiendan revisarlo porque presenta deficiencias estructurales.
Entre las observaciones que el PSIB atribuye a la Intervención se encuentra la actualización del valor de las inversiones mediante el IPC, una práctica que considera incompatible con los principios contables y con el régimen de las concesiones públicas. También ha asegurado que el informe cuestiona el mecanismo de regularización anual de la tarifa, ya que este habría desaparecido del Plan Director Sectorial de Residuos del 2006, pero se habría continuado aplicando durante todos estos años.
Los socialistas también han puesto el acento en las críticas de la Intervención en el uso de estimaciones en lugar de datos contables reales para calcular la regularización anual, además de las observaciones relativas a determinadas operaciones financieras dentro del grupo Tirme y a las dudas sobre la capacidad de la concesionaria para afrontar las obligaciones de reversión de las instalaciones al final de la concesión.
A partir de estas consideraciones, el PSIB reclama una revisión integral de la metodología tarifaria, una auditoría independiente y un refuerzo de los mecanismos de control sobre la concesión.
Por su parte, MÉS per Mallorca ya había cargado contra el modelo de gestión de los residuos impulsado por el Govern insular y ya había advertido que la reducción de la tarifa no resuelve los problemas de fondo del sistema. Los ecosoberanistas han reprochado al gobierno de la institución que continúe favoreciendo un modelo que, a su entender, "beneficia a Tirme" mientras que el Consell mantiene abiertos interrogantes sobre el funcionamiento de la concesión. De hecho, Catalina Inés Perelló, portavoz de MÉS per Mallorca, ha calificado de "muy mal negocio" para los isleños un sistema que incluso la misma Intervención del Consell cuestiona.
El gobierno de Galmés, en cambio, ha defendido que la revisión aprobada permite reducir el coste del tratamiento de los residuos para los municipios sin comprometer la sostenibilidad del servicio y ha presentado la bajada de la tarifa como una muestra de la eficiencia de la gestión.
El Consell reclama responsabilidades por las cargas policiales del domingo
El pleno también ha aprobado una moción de MÉS per Mallorca que condena las cargas policiales registradas durante la manifestación del domingo contra la masificación turística y reclama responsabilidades políticas por la actuación del dispositivo de la Policía Nacional.
La iniciativa exige la dimisión del delegado del gobierno en las Illes Balears o, si no se produce, la destitución, además de que el ministro del Interior asuma responsabilidades políticas como máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El acuerdo también condena las agresiones denunciadas durante el dispositivo policial, entre ellas la que sufrió el fotoperiodista Xavi Hurtado mientras cubría la protesta, y reclama una investigación para aclarar las circunstancias de la actuación y determinar las responsabilidades políticas y operativas.
Durante el debate, el conseller de MÉS Biel Payeras ha defendido que la movilización del domingo, con decenas de miles de participantes, representa "uno de los movimientos sociales más importantes que ha vivido Mallorca en muchos años" y ha asegurado que las instituciones "no pueden ignorar el mensaje que salió de las calles".
Payeras ha sostenido que los incidentes se produjeron cuando la Policía Nacional impidió que los manifestantes llegaran a las Voltes para asistir a la lectura del manifiesto y ha reclamado explicaciones sobre quién ordenó el dispositivo policial. "Cuando hay un dispositivo policial, hay mandos, hay órdenes y, por tanto, también hay responsabilidades políticas", ha afirmado.
El portavoz ecosoberanista también ha advertido que el debate no se debe desviar hacia cuestiones de orden público para evitar afrontar las causas del malestar social. Según ha defendido, la movilización responde a la crisis de la vivienda, la presión turística y los límites del territorio. La moción reivindica, igualmente, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de información, a raíz de la agresión denunciada por el fotoperiodista durante la cobertura de la manifestación.