El campo se aferra al turismo para salvarse

PalmaSi la ley agraria que el Govern ha terminado se aprobara tal y como está redactada, el campo de las Islas podría acoger miles de nuevas plazas turísticas gracias a la ampliación del número de agroestancias que cada explotación profesional podrá tener. Las fincas agrarias que tengan la condición de preferentes o prioritarias –las que se dedican de forma profesional a la agricultura– podrán pedir hasta 10 plazas turísticas. Una "torpeza" según los colectivos conservacionistas y algunas organizaciones agrarias, y una "necesidad" según el Ejecutivo, que asegura que es la única manera de hacer viable un sector que lleva años en declive.

En Baleares hay entre 2.000 y 3.000 explotaciones profesionales. Por tanto, el techo de nuevas plazas sería de alrededor de 30.000. El gerente de la Asociación de Labradores Ecológicos de Mallorca (Apaema), Nofre Fullana, considera que "este no es el camino". "Las actividades complementarias y turísticas no pueden ser una prioridad en el campo, porque lo desnaturalizan", asegura. En la misma línea, un colectivo de cerca de treinta campesinos, la mayoría ecológicos, han presentado alegaciones a la norma, que según señalan, promueve "los usos complementarios en el suelo rústico y abrirá la puerta a una mayor urbanización encubierta, el principal problema ambiental y agrario de las Islas".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, principal impulsor de la norma, defiende que "el campo siempre ha ido por detrás". "Todo el mundo se ha apuntado al turismo como fuente de ingresos y cuando lo hacemos nosotros, resulta que no tenemos derecho", reivindica. En todo caso, Simonet recuerda que las plazas turísticas "deben adquirirse en la bolsa de plazas y deben estar disponibles". "No habrá ningún alud. Yo quisiera que sólo la actividad pura del sector primario basta para vivir del campo, pero, lamentablemente, no es así. En el resto de comunidades y en Europa te das cuenta de que la actividad complementaria es imprescindible. No hacemos nada que otros no hayan impulsado primero", añade.

Ampliación de edificaciones

La norma no sólo amplía de seis a diez las plazas turísticas que puede albergar una explotación profesional, sino que, además, permite ampliar las edificaciones hasta un 20% y elimina la necesidad de declaración de interés general para actividades turísticas. En opinión de Jaume Adrover, un labrador profesional que forma parte del colectivo que ha presentado un escrito ante la Conselleria, "se desvirtúa de nuevo la función agraria del suelo rústico y se facilitan actividades comerciales, turísticas y urbanísticas". "Se vuelve a apostar por todo lo que no es producir alimentos. La función principal del campo es proveer a los ciudadanos de productos de calidad, y esta ley quiere que cada vez nos dediquemos más al turismo y al urbanismo", lamenta.

"Estoy dispuesto a escuchar ya incorporar aquellas críticas constructivas", asegura Simonet en referencia a las primeras reacciones sobre la norma. "Si ahora alguien nos acusa de promover demasiado turismo en el campo, quiero recordar que las diez plazas son las que en su momento Unió de Pagesos nos presentó como propuesta en el marco de la revisión de otra norma, y ​​que Asaja [la asociación más liberal del sector del campo] había pedido 12. Creo que no hacemos más que recoger lo que pide el sector".

En las alegaciones que han presentado, algunos agricultores recuerdan a la Conselleria que la falta de apuesta por un campo campesino y productivo ha provocado que "entre 2015 y 2023 se hayan edificado cerca de 3.000 chalets en foravila, que han desfigurado para siempre hasta 5". "Hemos pedido que se retire la norma y se vuelva a redactar. Si se quiere ayudar al campesino de verdad, hay muchas iniciativas que se pueden hacer. Pero no pueden hacernos creer que meter turistas en el campo y fomentar sus usos urbanísticos es bueno para la tierra: promoverá aún más la especulación", explica Adrover.

El conseller insiste en que las actividades complementarias "no se pueden demonizar". "Hay zonas agrarias muy fértiles, otras, no tanto. Hay explotaciones que pasan mucha pena por vivir del campo, y nuestra responsabilidad es hacer posible que un grupo de turistas pueda disfrutar de unos días en el campo. Esto no tiene nada que ver con el hecho de hacer agroturismos. Es un modelo basado en la autenticidad y la proximidad a la tierra, que los han desarrollado, que los que están, por ejemplo, que las muchas, las proximidad a la tierra. va contra la actividad agraria, sino que la consolida", concluye.

Prohibir nuevas construcciones

Los colectivos más críticos con esta norma y con el rumbo que ha cogido el desfile, como Apaema, consideran que lo urgente es "preservar la tierra", subraya Fullana. "En este momento, esto implica prohibir nuevas construcciones en suelo rústico. Nuestra entidad lleva tiempo reclamando detener el goteo de nuevas edificaciones en rústico, que nada tienen que ver con el fomento de la actividad agrícola y ganadera", advierte.

Todas las partes coinciden en que el sector agrario y ganadero no acaba de levantar cabeza a pesar de la gran cantidad de campañas, iniciativas y declaraciones públicas sobre su importancia. "La agricultura gestiona el 85% del territorio", recuerda un técnico de la Administración con cerca de 30 años de experiencia y que pide el anonimato por estar en activo. "No hemos sido capaces de hacerlo rentable de verdad", asegura. En este sentido, lamenta que "todo el mundo habla de producto local y de kilómetro cero, pero a la hora de la verdad una inmensa mayoría se va al supermercado a buscar marcas blancas porque son más baratas". "Encontramos cara una lechuga de 1,80 euros que es ecológica, y nos gastamos fortunas en otras cosas", lamenta.

Una iniciativa en la que el sector del campo había puesto expectativas era la obligatoriedad para hoteles y restaurantes de incluir productos locales –entre un 3% y un 5% en función de la tipología de establecimiento. "Me da la sensación de que ha sido un fracaso. Desde el tiempo de Cañellas hablamos de que los hoteles vendan comida de las Islas y, sin embargo, no lo hacen, porque solo quieren rentabilidad económica", asegura la misma fuente de la Administración. Al ser solicitado por el ARA Baleares, Simonet asegura que no dispone de los datos. "En todo caso, debemos recordar que la función inspectora del cumplimiento de esta norma [Ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Islas Baleares] corresponde a los consejos insulares", responde.

Todo ello hace que sólo entre un 10% y un 15% de los alimentos que se consumen en Baleares se haya producido localmente. Un estudio de Unió de Pagesos sobre varios supermercados de Mallorca concluyó que sólo entre un 10% y un 20% de las hortalizas que venden las grandes superficies son cultivadas en las Islas.

De momento, las principales organizaciones del sector prepararán estos días sus aportaciones. "Para compartir nuestras visiones", dice Nofre Fullana. El 24 de octubre termina el plazo de presentación de alegaciones. Después habrá que ver cómo queda el proyecto, que el Govern remitirá al Parlament para iniciar su tramitación.