La Audiencia Nacional confirma las multas a dos consultoras del cártel que manipuló licitaciones públicas en todo el Estado, también en Baleares
Las empresas Regio Plus Consulting e Hidria tendrán que pagar 33.744 y 11.979 euros por su participación en una trama que coordinó ofertas en decenas de concursos, entre ellos uno de Calvià 2000 en 2016
PalmaLa Audiencia Nacional ha confirmado las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Regio Plus Consulting e Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo, dos de las empresas que participaron en un cártel destinado a manipular licitaciones públicas durante al menos una década. Las consultoras deberán pagar, respectivamente, 33.744 y 11.979 euros, unas multas impuestas por la CNMC en el año 2021.
La resolución judicial pone el foco en un caso concreto que afecta a Calvià 2000 y que se remonta a diciembre de 2016. Según la sentencia, diversos correos electrónicos intercambiados entre Regio Plus e Hidria constituyen una prueba directa de la coordinación entre las empresas para preparar sus ofertas en una licitación destinada a contratar un servicio de consultoría para elaborar la documentación de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI). La Audiencia Nacional considera que estos mensajes son lo suficientemente explícitos para descartar cualquier otra interpretación que no sea "según la licitación".
Los correos que evidencian la coordinación
El 22 de diciembre de 2016, Hidria reenvió a un representante de Regio Plus la invitación de Calvià 2000 para participar en el procedimiento. En el mensaje, el empleado de Hidria le pedía indicaciones sobre cómo actuar: “¡Master Garau! Dígame qué quiere hacer con esto... para organizarme”. Al día siguiente, un responsable de Regio Plus envió internamente un correo en el que adjuntaba un documento titulado ‘Propuesta EDUSI Calvià-Hidria’. El mensaje explicaba que había preparado una propuesta para que fuera trasladada a Hidria e indicaba que esta empresa debía completar la documentación administrativa necesaria para presentarse al concurso.
La comunicación, según la sentencia, muestra que Regio Plus no solo conocía la participación de Hidria, sino que preparaba parte de la documentación para que esta pudiera presentar su oferta. En otro correo interno, también de diciembre de 2016, un responsable de Regio Plus advertía de los plazos de presentación de las otras empresas y proponía contactar con Hidria: “El problema es que tal vez las otras dos empresas tal vez no estén operativas el 29, para enviar ellas el correo electrónico. Puedes hablar con Geronimo de Hidria”. Para la Audiencia Nacional, estas comunicaciones evidencian la familiaridad entre empresas que, sobre el papel, eran competidoras, además del conocimiento compartido sobre el funcionamiento de la práctica. La sentencia destaca especialmente los “sobreentendidos de la mecánica de la operativa”, que, según los magistrados, evidencian que este tipo de actuaciones no eran puntuales, sino habituales y reiteradas.
El funcionamiento del cártel
El caso de Calvià 2000 encaja con el sistema que la CNMC acreditó en su investigación. Entre los años 2008 y 2018, diversas consultoras se organizaron en dos redes de colaboración –una de carácter norte y otra de ámbito estatal– para coordinarse en concursos públicos.
El mecanismo consistía a menudo en las llamadas “ofertas de cobertura”. Una empresa interesada en obtener un contrato contactaba con otras consultoras de su red para que presentaran una oferta perdedora o renunciaran a participar. En algunos casos, según la CNMC, la misma empresa que pretendía obtener el contrato preparaba las propuestas de sus supuestos competidores. De esta manera, las empresas reducían la competencia real en las licitaciones y aumentaban las posibilidades de que una determinada consultora acabara adjudicándose el contrato. La CNMC analizó 200 contratos públicos correspondientes al periodo investigado y acreditó prácticas irregulares en al menos 101 licitaciones vinculadas a la red norte y 72 de la red estatal.
El contrato de Calvià 2000
El procedimiento afectado en Calvià tenía como objetivo contratar un servicio de asesoramiento para elaborar la documentación relacionada con la estrategia DUSI. Finalmente, el contrato fue adjudicado a Consultores de Políticas Comunitarias (CPC) por un importe de 16.900 euros. CPC era administrada por Jaume Garau, que fue responsable de una campaña electoral de MÉS per Mallorca y que posteriormente se vio involucrado en el caso Contratos que acabó archivado.
Cuando el caso generó controversia política y mediática, el Ayuntamiento de Calvià defendió que el procedimiento se había desarrollado de acuerdo con la legalidad. En un comunicado de 2017, el Consistorio señaló que no existía vinculación societaria entre las empresas invitadas y que tampoco constaba ningún otro tipo de relación entre ellas. Ahora, sin embargo, la Audiencia Nacional considera acreditada la coordinación entre varias de estas empresas. La sentencia señala que los correos analizados, tanto los relacionados con Calvià como otras comunicaciones incorporadas al expediente, constituyen una prueba directa de la participación de las consultoras en la infracción.
La Audiencia confirma las sanciones
La resolución de la Audiencia Nacional, publicada el pasado 10 de julio, confirma así la responsabilidad de Regio Plus Consulting e Hidria en las prácticas sancionadas por la CNMC. El organismo regulador había impuesto en 2021 multas por un total de 5,87 millones de euros a 22 empresas de consultoría, además de 439.000 euros a varios de sus directivos. Entre las empresas sancionadas se encontraban algunas de las principales firmas del sector, como Deloitte Consulting, Idom Consulting y PwC. La CNMC consideró que las actuaciones constituían dos infracciones muy graves de la Ley de defensa de la competencia y del artículo 101 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.
Para el organismo, la manipulación de concursos públicos es especialmente perjudicial porque afecta directamente a los recursos de las administraciones. La coordinación entre empresas puede provocar precios más elevados, menos competencia y una menor calidad de los servicios contratados con dinero público. La sentencia de la Audiencia Nacional refuerza esta conclusión y considera que el caso de Calvià 2000 es un ejemplo del “elevado nivel de coordinación” existente entre las empresas del cártel para evitar, siempre que fuera posible, tener que competir realmente por conseguir los contratos públicos.