La gestión de las colonias de gatos a menudo genera controversias en los municipios, desde las molestias vecinales hasta las responsabilidades sobre el cuidado de los animales. La Ley estatal de bienestar animal establece que los ayuntamientos se tienen que hacer cargo y que deben desplegar programas para controlar su población y garantizar su bienestar, lo que supone un añadido a las competencias municipales.