Los decretos que esta semana aprobó el gobierno español en materia de vivienda a raíz del caso Maricarmen han abierto un debate que va más allá del contenido de las medidas. A pesar de que las dos normas no han pasado el filtro del Congreso, la respuesta de urgencia a una crisis residencial que se manifiesta en desahucios, precios del alquiler y falta de alternativas habitacionales también ha puesto sobre la mesa hasta qué punto se puede legislar con rapidez sin generar, al mismo tiempo, más inseguridad jurídica.