Un ciudadano de Mallorca, Juan Pérez, ha recurrido la denegación de la justicia gratuita que le ha hecho la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Mallorca y ha puesto sobre la mesa el debate sobre los límites económicos que determinan quién puede acceder a este servicio. Pérez, que tiene reconocida una pensión de incapacidad permanente total, tiene unos ingresos anuales de 18.439,38 euros brutos, una cantidad que la Administración ha considerado suficiente para poder pagarse un abogado, ya que supera el baremo establecido de 18.000 euros.