El ambiente es de inquietud en las filas populares. El descontentamiento social por la masificación turística ha puesto al partido en alerta. El Gobierno ha luchado este verano para no ser el blanco de las críticas: distribuyó carteles atribuyendo 115.000 plazas turísticas a la izquierda y culpó al ejecutivo español de las cargas policiales en la manifestación de Palma. Pero las últimas semanas, se le ha abierto otro frente: las protestas de cada vez tienen más presencia en el día a día de los municipios. Los alcaldes son quienes reciben las quejas de primera mano, centradas en los problemas de transporte y la falta de vivienda. El Ejecutivo reivindica medidas de contención, pero es consciente de que estos problemas no se han resuelto.