Pollença tramita actualmente 360 expedientes para legalizar casas y elementos constructivos en suelo rústico. Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) tiene 235 entre manos, aunque ha descartado 26 por incumplir los requisitos. No hay ninguna cifra global, porque los consells, a pesar de tener la obligación de velar por el suelo rústico, se han desentendido del proceso y no lo supervisan. “Lo hacen directamente los ayuntamientos”, han respondido a ARA Balears fuentes de los gobiernos insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa. Pero, si dos municipios importantes suman más de 500 expedientes, queda claro que la amnistía en rústico que aprobó el Govern de Marga Prohens ha tenido una acogida muy importante. La medida ha servido para retratar la agonía del suelo rústico, y “el fracaso completo como sociedad”, en palabras del gerente de Urbanismo de Pollença, Tomeu Antich, a la hora de hacer cumplir la ley y la disciplina en el territorio rural, fundamental para la biodiversidad, la agricultura, la generación de paisaje y la preservación de la cultura.