Cuando se adjudicó el contrato del IV Plan de fosas a las empresas de arqueología Atics y Aranzadi, fueron sus representantes, Cesc Busquets y Almudena García, respectivamente, quienes propusieron al historiador Jaume Claret que coordinara la veintena de informes que el Gobierno había encargado sobre la memoria democrática que destruyó el franquismo. Así, Claret asumió un reto gigantesco y comenzó a seleccionar a los investigadores más idóneos para cada estudio, “algunos ya venían dados, porque eran las personas que ya habían estado trabajando y en otros casos sí que era mi trabajo pensar quién podía hacerlo mejor”, apunta. “Comencé a coordinar su elaboración y a velar porque todos los trabajos mantuvieran unos mismos criterios científicos y formales”, añade.