El Consell de Mallorca tiene sobre la mesa un informe de la Intervención General, el máximo órgano fiscalizador de la casa. Destapa un presunto enriquecimiento injusto de 41,4 millones de euros por parte de Tirme, la concesionaria de residuos. Ante el escándalo financiero, la respuesta del gobierno de Galmés ha sido anunciar una nueva auditoría “más extensa y más potente”.

El Consell de Mallorca encargará nuevos informes jurídicos y una nueva auditoría “más potente y extensa” antes de tomar ninguna decisión sobre la concesión vigente con Tirme para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Así lo ha explicado el consejero insular de Hacienda, Llorenç Bosch, durante el primer pleno del Consell de Mallorca.

El PSIB-PSOE no piensa dejar pasar por alto el informe de la Intervención General del Consell de Mallorca, que hace una valoración muy desfavorable de la concesión de Tirme y concluye que tiene un impacto grave sobre los intereses de la Administración. La portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, ha reclamado este martes "la paralización inmediata" del expediente de modificación de la tarifa, la suspensión de la aplicación de la tarifa de 2026 y la revisión de la modificación de crédito de 41 millones de euros aprobada por el pleno del Consell el mes de julio.

La plataforma No a la importación de residuos ha exigido al Consell de Mallorca que revise el cálculo de la tarifa de residuos y haga auditorías independientes ante las "graves conclusiones" del informe de control financiero. Ante las informaciones sobre la publicación del informe de control financiero de la institución insular, la plataforma, formada por 20 entidades, ha puesto el foco en los "beneficios estratosféricos" que obtiene la empresa concesionaria Tirme.

Un trabajador ha muerto este martes en las instalaciones de Tirme, según ha comunicado el sindicato CCOO, que ha pedido que se investiguen las circunstancias del suceso, tras detectarse elevados niveles de monóxido de carbono. Se trata de un empleado del turno de noche de la empresa Ilunion que, según la información facilitada por la organización sindical, fue encontrado sin vida a las 21.00 horas.

CCOO ha reclamado una actuación "contundente" al Consell de Mallorca, la Inspección de Trabajo y la Fiscalía ante los "abusos y graves irregularidades" que, según el sindicato, se producen en Tirme, la empresa concesionaria encargada de gestionar el servicio público de tratamiento de residuos urbanos en Mallorca. La organización sindical señala que los beneficios netos de la concesionaria han pasado de 15,6 millones de euros en 2019 a 32,6 millones en 2024.

La plataforma No a la importación de residuos ha denunciado públicamente que "ya han comenzado los problemas" a raíz del traslado de residuos de Ibiza a Mallorca para ser incinerados en la planta de Tirme. En un comunicado, la organización, formada por más de 20 entidades, ha asegurado que hace unos días se produjo una "incidencia" en la incineradora que habría sido provocada por los residuos procedentes de Ibiza.

La rebaja del 10% de la tarifa de tratamiento de los residuos aprobada este miércoles por el Pleno del Consell de Mallorca ha quedado, en parte, eclipsada por el duro debate político sobre la concesión de Tirme. El PSIB y MÉS per Mallorca han reprochado al presidente de la institución, Llorenç Galmés, que mantenga un modelo que, a su parecer, continúa favoreciendo a la concesionaria a pesar de las advertencias formuladas por los órganos de control del mismo Consell.

Mallorca comenzará a recibir a partir del próximo jueves siete camiones diarios de residuos provenientes de Ibiza, cinco días por semana, con un total de 3.000 toneladas de basura cada mes. La prueba piloto del traslado de residuos de la isla pitiusa que los consejos insulares aprobaron el pasado martes costará 24,6 millones de euros, tal como consta en la documentación del expediente que avanzó el ARABalears. El convenio se ha elaborado durante un año, a escondidas de la oposición –no se entregó hasta que el Consejo de Transparencia lo reclamó–, y contiene una rebaja de los criterios ambientales previstos en un primer momento.

El Consell de Mallorca no ha conseguido autorizar el expediente administrativo para validar el convenio con el de Eivissa para el traslado de residuos entre las dos islas. Esta situación impide formalmente la firma y pone en pausa el arranque del nuevo sistema interinsular de gestión de la fracción rechazo, justo cuando el dispositivo logístico asociado al proyecto está avanzado y con un barco a punto de llegar a Eivissa, según avanzó el ARA Balears. Además, hay que recordar que el vertedero de Ca na Putxa está cerca de llegar al límite operativo.

Un juzgado de Palma ha estimado parcialmente una demanda de CCOO del Hábitat contra Tirme, UGT y ARL por haber impedido la participación de la delegada de CCOO en una reunión en la que se abordaron cuestiones laborales.