La inversión pública en cultura no sólo es legítima, es necesaria. Ningún país ni ninguna sociedad con una mínima ambición colectiva puede dejar la cultura exclusivamente en manos del mercado. El apoyo institucional a proyectos culturales sirve para garantizar pluralidad, acceso, cohesión social y proyección exterior. Pero precisamente porque los recursos públicos son limitados y provienen de toda la ciudadanía, la inversión debe responder a criterios de proporcionalidad, transparencia e interés general. Es aquí donde el caso del Mallorca Live dispara las alarmas.