La culminación de la legislatura con el Partido Popular al frente del Gobierno ha llegado un año antes de las elecciones con la aprobación de la Ley de aceleración de proyectos estratégicos por el Parlament este martes. Se trata de la última ley òmnibus que Marga Prohens podrá sacar adelante antes de las elecciones de mayo de 2027. Precisamente por eso, los populares, de la mano de Vox, han aprovechado para modificar una cincuentena de leyes, entre las quejas de la oposición, a pesar de que el PSIB también ha aprovechado para introducir enmiendas que no tienen nada que ver con el motivo del decreto ley inicial.

El PP ha aceptado la enmienda de Vox para eliminar el requisito de catalán en las plazas para docentes en lugares de muy difícil cobertura a través de la ley de aceleración de proyectos estratégicos. También las que bajan la nota de catalán en el instituto necesaria para obtener el certificado de catalán (B2 y C1), permiten que la Policía Local tenga pistolas táser y eliminan la prohibición del tiro a la tórtola y la codorniz. Aunque esta aceptación es aún en la fase de ponencia, es decir, no es definitiva, la novedad es que el popular no ha presentado ninguna enmienda a estos textos. Por lo tanto, no introducirán ninguna obligatoriedad para que cientos de docentes afectados por la normativa tengan que acreditar el catalán, ni tan solo para poder escoger su centro de destino una vez consoliden su plaza, como habían dicho que harían.