<![CDATA[Ara Balears en Castellano - Regulación]]> 10 <![CDATA[Un contrato, 4.000 autores]]> Ni en la hostelería, ni en la enseñanza, ni en la administración: no sé si hay muchos ámbitos profesionales en los que las personas que se dedican a un oficio tengan tan limitadas las posibilidades de negociación como nuestros escritores y traductores. La Directiva (UE) 2019/790, sobre derechos de autor en el mercado único digital, ya reconoce en su preámbulo la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos a la hora de mejorar nuestras condiciones, un aspecto que la Comisión Europea invita a resolver en cada país y que en España, hoy por hoy, apenas parece una utopía.Ciertamente, podría ser mucho más sencillo: la mayoría de profesionales de otros oficios disponen de una regulación clara y tienen legitimidad para sindicarse y negociar unas condiciones concretas, que se acaban traduciendo en lo que conocemos como convenios colectivos. Sucede, sin embargo, que la actual legislación estatal no reconoce a los autores literarios como trabajadores, sino como simples titulares (¡y ojo, eso no es poca cosa!) de su propiedad intelectual. Es decir, como autores de unas obras que generan unos derechos, la explotación de los cuales aporta unos beneficios económicos a estos autores. Pero no a través de un contrato laboral, como los otros profesionales, sino con un contrato de cesión de derechos de autor, que nos reconoce diversos derechos, pero no nuestra condición evidente de trabajadores. Dentro de este marco, los autores podemos asociarnos y luchar conjuntamente por nuestras condiciones, siempre que no superemos los límites que marca la Ley de competencia y libre mercado: es decir, recomendar o sugerir porcentajes de derechos de autor y tarifas de traducción. Por lo tanto, lo podemos negociar todo... Menos el aspecto más esencial de nuestro trabajo, ¡que es la retribución!Es por eso que considero tan importante que las entidades representantes de más de 4.000 autores de todo los Países Catalanes nos hayamos unido para defender un mismo modelo de contrato, elaborado por la Asociación de Escritores en Lengua Catalana (AELC) y presentado el pasado diciembre. De ahora en adelante, los escritores, traductores y dramaturgos representados por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC), el PEN Català, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña (APTIC), las tres entidades de dramaturgia del Principado, el País Valenciano y las Islas y la AELC contaremos con un mismo marco de referencia, con un mismo punto de partida a la hora de defender nuestros derechos. Se trata, claro está, de un contrato ciego, sin propuestas ni sugerencias en los puntos en que se debería hablar de porcentajes y tarifas, pero estoy convencido de que el marco de este contrato supondrá un avance en aspectos como la transparencia, la claridad y el equilibrio entre las dos partes.Ningún consenso entre los autores había sido jamás tan grande, ni en nuestra casa ni en el Estado. Ahora solo falta que se corresponsabilicen los editores, y que se animen, como mínimo, a hablar de ello, cosa que hasta ahora el Gremio de Editores de Cataluña se ha negado a hacer en redondo. Saldríamos ganando todos.

]]> <![CDATA[Vidas y derechos en juego en medio de una batalla política]]> La regularización extraordinaria de inmigrantes se ha convertido en un nuevo frente de confrontación política entre el gobierno del Estado y diversos ejecutivos autonómicos de derechas, entre ellos el de las Baleares. El debate, legítimo en una democracia, es hoy una batalla de desgaste que corre el riesgo de deshumanizar una realidad que afecta a miles de personas. En las Islas, se calcula que más de 30.000 personas podrían acogerse a este proceso. No son cifras abstractas, son vidas que dependen, en gran medida, de poder salir de la irregularidad administrativa.

]]> <![CDATA["¿Para qué quieren un certificado? Sin papeles, todos somos vulnerables"]]>

Más de 30.000 inmigrantes sin papeles en las Islas tienen ahora la posibilidad de salir de la invisibilidad. Desde el 16 de abril, las largas colas en los ayuntamientos se han convertido en la imagen de la regularización extraordinaria impulsada por el gobierno de España. Llevan meses preparando la documentación, pero hasta última hora no supieron que también necesitarían un certificado de vulnerabilidad, y eso explica, en parte, la saturación del sistema. “No entiendo para qué lo quieren, si todos los que estamos sin papeles somos vulnerables”, reflexiona Abdou, senegalés de 32 años. A pesar de ello, la prioridad es clara. “Como si tenemos que perder días de trabajo: los papeles son los papeles”, asegura Khalid.

]]> <![CDATA[Los ayuntamientos del PP en Baleares piden que se suspenda la regularización de migrantes "por el caos que provoca"]]>

Los alcaldes del PP de las Baleares han reclamado este viernes la suspensión de la regularización extraordinaria de migrantes por el impacto que, según denuncian, tiene en los ayuntamientos. Consideran que el proceso ha generado situaciones de colapso en los servicios municipales desde el primer día.

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