"Finalmente destruiremos la piscina. Espero que queden contentos". Con esta frase contundente dirigida a los independentistas, Ágatha Ruiz de la Prada resume el desenlace de uno de los conflictos urbanísticos más largos y mediáticos de Mallorca. Según su relato, la piscina, construida en dominio público marítimo-terrestre, era "perfectamente legal" porque se había construido antes de la Ley de Costas y disponía de todos los permisos; la realidad es que el caso derivó en una batalla política y judicial que se ha extendido durante más de dos décadas.

El consejero balear de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha firmado una resolución que algunos creían imposible: la autorización definitiva para derribar la piscina, el embarcadero y la terraza del chalé propiedad del periodista Pedro J. Ramírez en la costa de los Pins (Son Servera), que ocupan el dominio público sin la correspondiente autorización en vigor. De esta manera, prácticamente se pone el punto final a una historia que comenzó hace 25 años y que ha supuesto un litigio maratoniano entre Ramírez y un grupo de entidades y ciudadanos liderados por el activista e independentista mallorquín Jaume Sastre.