<![CDATA[Ara Balears en Castellano - coste]]> 10 <![CDATA[Evaluar, contra-intuir. Los propósitos de las subvenciones]]> Es sabido que en las Islas tenemos la movilidad bastante subsidiada. ¿Es este el camino para compensar, supuestamente, los costes de insularidad? No estoy seguro de que lo sea. ¿Ayuda el hecho de que el autobús interurbano sea gratis para los usuarios a que las mercancías sean más baratas? Más bien diría que no, en la medida en que infla la demanda. Quizás el transporte no deba cubrir costes por completo con sus tarifas, pero es bueno que todos sepamos el coste de las cosas y cuál es el objetivo de la reducción. Y, como hemos aprendido con la eliminación de los peajes, el coste cero no existe: alguien más lo está pagando. Tampoco veo nada clara la actual operativa de los descuentos en el transporte de barco y avión para los residentes isleños, cuando deberíamos focalizar en todo caso los fletes. Ciertamente los descuentos de transporte son a espaldas de todos los españoles, de la misma manera que están en parte a nuestro cargo también los déficits de unos trenes peninsulares que los isleños no tenemos. Pero esta segunda justificación no hace buena la primera. Tampoco tiene sentido que dadas las bonificaciones, el taxi del traslado del aeropuerto acabe siendo más caro que el billete de avión. No veo en todos los supuestos pruebas evaluadas suficientes de externalidades positivas para una movilidad tan subvencionada, ni una argumentación de equidad suficiente, a la vista de quiénes son sus mayores beneficiarios. Y es que compruebo que son muchos los falsos residentes que se empadronan en las Islas sin vivir allí efectivamente. Son procesos casi de libre elección, con poco coste para los que la ejercen, y que benefician a los más espabilados, que suelen ser los más acomodados. Recientemente también se ha comprobado este efecto con la libre elección de médico en la sanidad española. Los más ricos y educados la saben aprovechar mejor. La falta de control efectivo incentiva además el abuso de las subvenciones. Mejor sería un sistema de subvenciones que estableciera fechas inhábiles; por ejemplo, en origen, las entradas a las Islas los días de puente peninsulares o los fines de semana, y el equivalente en destino para los mismos residentes hacia la Península, o fijar un porcentaje menor de subvención en estos supuestos que menciono. Y evitar que sean las compañías las que se aprovechen, aumentando selectivamente los precios sobre los cuales se aplica el descuento. Un falso residente sufre, hoy solo, como coste de su elección fraudulenta, el hecho de no disponer de médico de cabecera en el lugar de residencia efectiva. Pero que esto no importe ya nos dice que se trata de gente suficientemente acomodada que tiene, probablemente, seguro privado y no hace uso de la primaria pública. Con la próxima limitación de vehículos de entrada en verano también hay que analizar la medida con lupa respecto a los coches de los falsos residentes que pagan impuestos de circulación fuera de las Islas. Y, por supuesto, de las grandes multinacionales de alquiler de coches que introducen estacionalmente flotas enormes de vehículos que han pagado impuestos fuera de nuestra casa.No me parecen, sin embargo, mal, algunas penalizaciones, como por ejemplo que las tasas de algunos servicios, de la recogida de basuras, por ejemplo, no distingan por el menor uso de las viviendas vacacionales, ya que la parte fija del coste y el mantenimiento, poco o mucho, depende de los picos de demanda por los cuales aquellos no residentes son igualmente decisivos. Sí que creo que el volumen debe influir de manera importante en los negocios, especialmente los fuertemente estacionales, ya que son los que marcan la capacidad máxima instalada para satisfacer las puntas de la demanda. Ciertamente, la regulación de tasas, a diferencia de los precios públicos, no puede tener efectos recaudatorios netos, sino solo de recuperación de costes. Pero si esto vale para el coste completo del servicio, hay que comprobar cómo esta cuantía se alcanza, ya que importantes cuestiones de eficiencia y de distribución equitativa están en juego. Todo lo comentado implica la necesidad de evaluar las medidas, las populistas en particular, ya que a menudo tienen efectos diferentes a los postulados. La última del gobierno español actual, que extiende a 52 años la edad de salida del mercado de los que ya se consideran no recolocables, con una renta garantizada y una pensión preestablecida, es un caso inequívoco. Esta medida perjudica a muchos de los que todavía se esfuerzan en trabajar y se hacen por su cuenta la pensión pagando cotizaciones que aseguren periodos mínimos, pagadas de su bolsillo como autónomos que son, también durante los periodos sin ingresos. Valdría más que lo dejaran a la vista de lo que cobran y que la suya será una pensión más baja que las de los que han dejado de trabajar y viven de los subsidios y de lo que pueden recoger de actividades sin factura.

]]> <![CDATA[MÁS eleva a casi 100.000 euros el coste de la candidatura fallida de Palma a Capital Europea de la Cultura]]>

MÁS por Palma acusa al Ayuntamiento de falta de transparencia en el coste de la candidatura fallida de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031 y asegura que los gastos ya ascienden a los 98.000 euros, y que, por tanto, superan los 80.000 anunciados por el concejal de Cultura, Javier Bonet.

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