El Correllengua Agermanado fue un éxito incontestable, una nueva demostración del aprecio del pueblo de las Baleares por su lengua y cultura, y de la defensa –enérgica, festiva, innegociable– que hace de ella la sociedad mallorquina, especialmente (y esto es más que importante, es decisivo) los jóvenes. La plaza de España de Palma se llenó hasta los topes, como hace dos años la plaza Mayor, con miles de personas que gritaron un ‘Sí a la lengua’ cívico, inclusivo, esperanzado y, sobre todo, masivo.Tan masivo que al día siguiente mismo el portavoz del Govern, Sebastià Sagreras, con su particular oratoria, se esforzaba por intentar no quedar del todo descolgados. Después de felicitar a los organizadores del Correllengua Agermanat (había motivos para hacerlo, más aún después de que las instituciones gobernadas por ellos les hubieran dado la espalda), decía: “El PP de las Baleares es padre y protector de la Ley de normalización lingüística”, afirmaba Sagreras impropiamente, porque la Ley de normalización lingüística se aprobó con un gobierno del PP, sí (hoy no lo harían), pero de ninguna manera puede reclamar una paternidad que fue mucho más amplia, ni una protección que, a lo largo de estos cuarenta años, ha tenido que proveer demasiado a menudo la sociedad civil organizada. Y aún añadía, en Peixet, en referencia a esta misma ley: “Durante toda la legislatura la hemos defendido, sostenido y marcado como línea roja en todas las negociaciones, a pesar de las intenciones de la izquierda de utilizar nuestra lengua para confrontarnos con la ciudadanía”.Esto lo decía Sagreras el lunes. Al día siguiente, martes, en el Parlament, el PP apoyaba una serie de enmiendas de Vox a la ley de proyectos estratégicos, la ley coladero. Las enmiendas aprobadas suprimen el requisito del catalán para maestros y profesores venidos de fuera que ocupen plazas “de difícil cobertura”, sin ninguna obligación ni plazo posterior para acreditar el conocimiento de la lengua. También exoneraron de la asignatura de catalán a los alumnos ‘temporales’, que residan durante un tiempo limitado en las Baleares. Es decir: por enésima vez, un ataque contra la lengua propia de las Baleares (y propia también de los dirigentes del PP, como el mismo Sagreras, o Prohens, o Vera) perpetrado desde el Govern. Un ataque, por cierto, que supone una vulneración grave de la Ley de normalización lingüística, y también del Estatuto. Esto lo hace el PP para complacer las obsesiones y los odios de sus socios de Vox. Entre las medidas también se aprobó que los policías locales puedan llevar pistolas táser, y se legalizó el tiro a la tórtola: las armas, y matar animales, son cosas que también suelen gustar mucho a la derecha.Proclamarse un día padre y protector de la Ley de normalización lingüística, y al día siguiente cargársela sin miramientos en compañía del fascismo y del ultranacionalismo españolista, ya no es solo cinismo: es una extraña disfunción que indica un gobierno extremadamente débil, sin líderes capaces de negociar nada, sin principios y sin dignidad, rendido completamente a la extrema derecha y sin otro rumbo que agotar la legislatura con el proyecto estratégico de dar luz verde a todos los especuladores que se les ocurra caer por aquí. Hay una cosa curiosa del discursito de Sagreras sobre la paternidad y protección del PP hacia la Ley de normalización lingüística, y es que dice que la han defendido “durante toda la legislatura”, y apenas llevan (aún no) tres años. Se conoce que se le hace largo: imagínense a todos los demás.

Caos en la tramitación parlamentaria de la ley de proyectos estratégicos. La izquierda se ha plantado ante las maniobras del PP y Vox para cambiar decenas de leyes a través de enmiendas realizadas en el articulado de esta norma. Lo ha hecho siguiendo el criterio de los letrados del Parlament, que han dicho lo suficiente, tal y como han explicado los portavoces parlamentarios en rueda de prensa. Es habitual que los partidos intercambien enmiendas sobre otros temas cuando se tramita una iniciativa legislativa. De esta forma, legislan sobre otras cuestiones por la puerta trasera. Pero en esta ocasión, los servicios jurídicos del Parlament consideraron que el PP y Vox habían ido demasiado lejos.

Un gasto de 7,2 millones de euros y 50.000 citas y operaciones suspendidas. Es el impacto que la huelga de médicos contra el Estatut Marc ha tenido en las Islas Baleares. Estas son las cifras que ha dado este martes la consejera de Salud, Manuela García, en el pleno del Parlament.

El PP y Vox han acordado eliminar el requisito de catalán en las plazas para docentes en lugares de muy difícil cobertura a través de la ley de aceleración de proyectos estratégicos. También suprimirán el requisito de diversas categorías laborales básicas en la función pública, como los celadores, auxiliares, personales de limpieza o mantenimiento. Además, también han acordado descender la nota de catalán en el instituto necesaria para obtener el certificado de catalán (B2 y C1), y que también lo puedan obtener aquellos que cursen un año en el extranjero.