Cuando se adjudicó el contrato del IV Plan de fosas a las empresas de arqueología Atics y Aranzadi, fueron sus representantes, Cesc Busquets y Almudena García, respectivamente, quienes propusieron al historiador Jaume Claret que coordinara la veintena de informes que el Gobierno había encargado sobre la memoria democrática que destruyó el franquismo. Así, Claret asumió un reto gigantesco y comenzó a seleccionar a los investigadores más idóneos para cada estudio, “algunos ya venían dados, porque eran las personas que ya habían estado trabajando y en otros casos sí que era mi trabajo pensar quién podía hacerlo mejor”, apunta. “Comencé a coordinar su elaboración y a velar porque todos los trabajos mantuvieran unos mismos criterios científicos y formales”, añade.

"Se derogará la Ley 2/2018 (...) de memoria y reconocimientos democráticos de las Illes Balears, y se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil. Se llevarán a cabo políticas para facilitar la recuperación de personas muertas, sin discriminaciones por motivos." de monumentos y de elementos históricos, procurando su correcto mantenimiento y conocimiento dentro del contexto histórico". Esto es lo que dice el punto 48 del acuerdo de gobernabilidad que el PP y Vox firmaron el 28 de junio que se ha hecho realidad en el pleno del Parlamento de este martes.