Damm tendrá que devolver 1,1 millones de euros al Gobierno de la subvención que recibió en el marco de la transformación del sector primario, tras anunciar el cierre de la fábrica de Agama de Palma e incumplir con la normativa establecida. Esto siempre y cuando el expediente que abrirá la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural confirme lo que es una evidencia: no se han cumplido las condiciones de lo establecido en las bases, ya que éstas obligan a mantener la actividad cinco años desde que se cobra la ayuda pública.