Varios colectivos sociales han denunciado la carencia de alternativas residenciales reales ante el proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, donde actualmente viven cerca de 200 personas. Las entidades Arran, Menos Turismo Más Vida, la Organización Juvenil Socialista y la Sindicata Vivienda de Palma han reclamado la paralización del desalojo hasta que no se garantice una solución digna para todas las personas afectadas.