La Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, ha lanzado una advertencia ante la paralización de las subvenciones municipales: si la situación no se resuelve con rapidez, "puede significar la desaparición de una parte del tejido asociativo" de Ciutat. La suspensión, que ya se alarga hacia el quinto mes sin un calendario claro de resolución, afecta "un amplio abanico de actividades –educativas, deportivas, culturales, sociales y vecinales– y pone en riesgo servicios" que, en algunos casos, suplen "carencias de la misma Administración", ha explicado.

El PSOE Palma ha denunciado que el Ayuntamiento está llevando a cabo desempadronamientos masivos de oficio que, según sus cálculos, han afectado a 14.893 personas entre 2024, 2025 y los dos primeros meses de 2026. La cifra supone un incremento del 66% respecto a los años 2021 y 2022 y, en término de baja de un barrio como Pere Garau. Ante esto, los socialistas han anunciado que reclamarán una investigación interna para esclarecer los criterios y el alcance de esta práctica.

ElAyuntamiento de Palma ha dado de baja del padrón municipal unas 240 personas sin hogar después de iniciar, en el último cuatrimestre de 2025, un proceso de revisión del registro de habitantes de Ciutat. La gestión del caso ha desatado una fuerte polémica por tratarse de una cuestión que afecta a derechos básicos y, especialmente, después de que se cuestionaran las explicaciones iniciales de la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Roca, que incluso el Consistorio ha contradicho.

Los partidos de izquierda en el Ayuntamiento de Palma cargaron con dureza contra el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y denunciaron una situación de "colapso absoluto" al frente del Ayuntamiento, a raíz de la gestión de la Policía Local y del desalojo de la antigua cárcel. Tanto el PSOE Palma como MÁS por Palma consideran que el alcalde ha optado por desviar responsabilidades dentro de su equipo de gobierno en lugar de asumirlas directamente.