No le fue fácil a Marga Prohens encontrar un sustituto para Carlos Simarro en la Dirección General de Costas y Litoral. Quedaba poca legislatura, y el PP tenía pendiente un compromiso electoral un tanto complicado, porque las competencias principales de la costa todavía son del Estado: arreglar las casetas de primera línea, los embarcaderos y también otros negocios dentro de dominio público. Fue una apuesta electoral de Prohens, principalmente en Formentera y, por este motivo, está a punto de aprobarse un proyecto de ley del litoral que quiere evitar demoliciones. Maria Joanquina Ferrer es funcionaria de la CAIB desde 1996. Es licenciada en Derecho y, sobre todo, honesta: acaba de denunciar un intento de soborno, precisamente de un negocio litoral. En el momento de hacer esta entrevista, los hechos no se conocían.

El ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, una norma que, como la preparada por el Gobierno, pretende crear un marco para salvar edificaciones y actividades económicas irregulares dentro del dominio público marítimo-terrestre. Bares, pequeños restaurantes y rechinos que incumplen la Ley estatal de costas se incluyen dentro del registro de construcciones que la normativa considera de "interés cultural", bajo el pretexto de proteger el patrimonio. Según la Generalitat Valenciana, el objetivo de la norma es "garantizar la seguridad jurídica y la continuidad de las actividades económicas existentes, incluidas las construcciones que, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial, se consideren de interés cultural". El Gobierno de Marga Prohens tiene terminada la norma para aprobarla como proyecto de ley y tramitarla en el Parlament, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que esto no ocurrirá hasta después de Pascua.

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de San Juan de Labritja y ha confirmado la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica que denegaba la concesión para la ocupación de 635 m² de dominio público marítimo-terrestre en Portinatx, en el norte de Eivissa. La sentencia obliga a demoler ocho casetas varadero y una terraza ya devolver el terreno a su estado original, sin ninguna ocupación privativa, lo que pone fin a más de dos décadas de conflicto legal sobre este tramo de costa.