Unos cincuenta personas se han concentrado este viernes en la plaza de Cort, en Palma, para protestar contra el desalojo de los últimos 80 residentes de la antigua cárcel y alertar de que esta actuación “no hará desaparecer” el sinhogarismo en la ciudad.

El Ayuntamiento de Palma ha abogado por ejecutar el desalojo forzoso de la antigua cárcel, donde actualmente viven unas 80 personas, a pesar de que el Obispado de Mallorca ha pedido hacerlo de manera escalonada, según ha informado Europa Press. La portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ha hecho referencia a la petición del obispo Sebastià Taltavull después de la reunión de la Junta de gobierno. Taltavull defiende que la acogida de los residentes se debe hacer de manera "personalizada" y en pequeños grupos para ofrecer una atención específica. "No podemos recibir masivamente a 100 personas porque no sabríamos dónde ponerlas", ha señalado el obispo, que ha reiterado la disposición para colaborar en la atención a los afectados. A pesar de la petición, Cort ha aprobado la ejecución forzosa del desalojo "mediante la compulsión directa sobre las personas". Es decir, hay luz verde para sacar a los residentes con el uso de la violencia física.

Un juzgado de Palma ha autorizado la entrada y desalojo forzoso de las 80 últimas personas que residen en la antigua prisión de la ciudad que, previsiblemente, se ejecutará este mes de junio.

Una residente de la antigua cárcel de Palma ha acusado este jueves al Ayuntamiento de incumplir las promesas hechas a los habitantes y permitir que continúen viviendo "rodeadas de ratas y basura". "Se nos prometió una cosa y no se ha hecho absolutamente nada", ha señalado durante una intervención en el pleno municipal de este jueves.

El Ayuntamiento de Palma solicitará a los tribunales que se ejecute el desalojo forzoso de las últimas 80 personas que residen en la antigua cárcel, después de desestimar las alegaciones presentadas. Así lo ha confirmado la portavoz y concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de gobierno, en la que se ha aprobado este paso nuevo para recuperar la posesión del inmueble que llegó a estar habitado por más de 200 personas.

La queja del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, quien ha denunciado que el Ayuntamiento de Palma ignoraba la propuesta de acoger a personas desalojadas de la antigua prisión de Palma, ha dado sus frutos. Pocas horas después de que la noticia se hiciera pública, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha enviado una carta al Obispado pidiéndoles que habiliten "todos los recursos que tengáis para alojar a los residentes de la antigua prisión de Palma".

Un 70% de las 101 personas que viven en la antigua cárcel de Palma no tienen acceso a los servicios sociales ni a una alternativa de vivienda, según se deduce de las declaraciones que ha hecho este lunes el alcalde Jaime Martínez. Pese a que Martínez ha asegurado que el acceso a los servicios sociales depende de "la voluntariedad" de los residentes, también ha señalado que "hay personas que no pueden acceder a los recursos sociales porque hay una normativa" y que "las personas en situación irregular no pueden acceder a ellos". El mismo Martínez ha sido quien ha remarcado que "un 70%" de los residentes de la antigua cárcel "está en situación administrativa irregular".

Los colectivos coordinados en defensa de los residentes de la antigua cárcel de Palma han denunciado este viernes "las mentiras" del Ayuntamiento sobre el proceso de recuperación posesoria del edificio y han reclamado "alternativas reales" para las personas que viven allí. Las entidades han emitido un comunicado conjunto después de que el miércoles algunos residentes recibieran la notificación de desestimación de las alegaciones presentadas contra el desalojo.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, considera que vivir en un edificio sin las condiciones mínimas como la antigua cárcel es por "una decisión personal" y no por una situación de vulnerabilidad. Así ha respondido en una entrevista del programa Hoy por Hoy de Radio Mallorca (Cadena Ser), cuando la conductora del programa ha señalado que las personas que residen allí tienen perfiles vulnerables. "Una decisión personal no tiene que ver con una extrema vulnerabilidad", ha asegurado, visiblemente molesto con las preguntas de la periodista. "La vulnerabilidad está tasada y nosotros funcionamos como todas las administraciones, las personas, la sociedad", ha añadido.

El Ayuntamiento de Palma ha dado cinco días a los residentes de la antigua cárcel para que abandonen voluntariamente el edificio antes de recurrir a la vía judicial para forzar su salida.

El ala izquierda de la segunda planta de la antigua prisión de Palma ha sufrido un incendio este miércoles, sobre las 15:50 h, a causa del cual dos personas han necesitado atención sanitaria por inhalación de humo. Hasta el lugar se han desplazado varios efectivos de los Bomberos de Palma, que han extinguido el fuego, así como agentes de la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local de Palma.

El censo de la antigua prisión de Palma ha subido hasta las 226 personas residentes, después de que se corrigieran algunos errores, mientras el Ayuntamiento agota los plazos para ejecutar el desalojo del inmueble. Lo ha explicado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de gobierno municipal celebrada este miércoles y en la que se ha aprobado la modificación del recuento. Ya se ha notificado del desalojo a la mayoría de estas personas y en breve se hará lo mismo con el resto. Paralelamente, Cort está recibiendo y analizando las alegaciones presentadas por las personas afectadas.

Más de 200 personas se han concentrado este viernes enfrente la antigua prisión de Palma por protestar contra el desalojo de los residentes y por reclamar una solución residencial real.

ElAyuntamiento de Palma ha dado de baja del padrón municipal unas 240 personas sin hogar después de iniciar, en el último cuatrimestre de 2025, un proceso de revisión del registro de habitantes de Ciutat. La gestión del caso ha desatado una fuerte polémica por tratarse de una cuestión que afecta a derechos básicos y, especialmente, después de que se cuestionaran las explicaciones iniciales de la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Roca, que incluso el Consistorio ha contradicho.

Ninguna de las personas residentes en elantigua prisión de Palma ha abandonado de forma voluntaria el inmueble en estos momentos. Así lo apuntó este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, cuando le pidieron al respecto en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno municipal.

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de "abandonar" a las más de 200 personas que próximamente serán desalojadas de la antigua cárcel de Palma. Para los socialistas, el desalojo del inmueble se ha hecho de forma "apresurada, improvisada y profundamente irresponsable".

El Ayuntamiento de Palma aún espera respuesta de las instituciones a las que ha enviado comunicaciones oficiales para responder a la crisis provocada por el desalojo de la antigua prisión de Palma, donde hay censadas más de 200 personas. En la rueda de prensa de después de la Junta de gobierno, la portavoz, Mercedes Celeste, admitió que no cuentan con soluciones permanentes, pero remarcó que podrán dar "alojamiento temporal" a todos aquellos que se acojan voluntariamente al proceso de desalojo.

El Ayuntamiento de Palma ha empezado a entregar las notificaciones de desalojo a las 206 personas que actualmente residen en la antigua prisión de Ciutat, una decisión adoptada en una Junta de Gobierno extraordinaria hecha este viernes. Con este paso se abre un plazo de cinco días para que los ocupantes puedan presentar alegaciones, en un proceso que ha generado ya críticas de entidades sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los grupos de la oposición que alertan de una posible vulneración de derechos fundamentales.

La situación de los cerca de 200 residentes de la antigua prisión de Palma ha sido el punto destacado del pleno de Cort de este jueves. Varias personas que viven en el recinto abandonado han tomado la palabra, apoyada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para reclamar una solución antes de que se materialice el desalojo anunciado por el Ayuntamiento. La representante de la PAH, Àngela Pons, ha resumido el problema en una frase: "¿Dejará en la calle a 200 personas para hacer una rotonda?"

El Ayuntamiento de Palma ha dicho en reiteradas ocasiones que entre un 60% y un 70% de los residentes de la antigua prisión de Palma son inmigrantes en situación irregular. De esta forma, el consistorio se niega a asumir la responsabilidad de ayudarles y señala que el gobierno español es responsable de este problema. El primer teniente de alcalde de Cort, Javier Bonet, aseguró el martes que el Estado "tiene todas las competencias sobre las personas que se encuentran en situación irregular". "Si ha podido construir una carpa para todos los inmigrantes que llegan en patera, también debería poder dar respuesta a esta crisis de carencia de vivienda", remarcó.