El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el gobierno español se ve como una oportunidad “histórica” para decenas de miles de personas en situación administrativa irregular en Baleares. Sin embargo, juristas y profesionales del derecho también advierten de carencias técnicas y dificultades de aplicación que han generado incertidumbre y colapsos puntuales en los primeros días.

El Ayuntamiento de Palma ha asegurado que no prevé reforzar el área de Servicios Sociales a raíz del proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno central y ha defendido que el servicio “funciona con normalidad”, a pesar de las colas registradas estos días en las oficinas de atención ciudadana (OAC).

La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el gobierno español ha provocado un nuevo choque entre el PSIB y la derecha este lunes en el Parlament. El portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, ha acusado a los alcaldes del PP de estar "trabajando en cómo hacer un boicot" a esta regularización. También ha negado que la medida se haya aprobado sin dar información a las instituciones sobre cómo gestionarla: "La misma información que tiene el gobierno de Cataluña (del PSC) es la misma que tiene el PP o sus técnicos".

La Red para la Inclusión EAPN Baleares ha detectado directrices políticas en ayuntamientos de las Islas para frenar los refuerzos de personas en los Servicios Sociales que atienden a migrantes en la tramitación de certificados de vulnerabilidad en el marco del proceso de regularización extraordinaria.

El Gobierno recurrirá la suspensión cautelar del real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para poner en marcha el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Presidencia a Europa Press, que explican que se ha decidido llevar adelante la impugnación siguiendo los pasos de la comunidad de Madrid.

El anuncio de la regularización de 500.000 inmigrantes por parte del gobierno de España hizo reaccionar de inmediato al Gobierno. Lo hizo como suele hacerlo, con mucha gesticulación y anuncios de llevar la medida a los tribunales, etc. Todo lo que diga, punto por punto, el argumentario enviado desde la sede del Partido Popular de la calle Génova de Madrid. Pero he aquí que el conseller portavoz, Antoni Costa, quiso añadir una nota propia. Lo hizo diciendo que encontraba que el gobierno español "regala" la residencia a los inmigrantes y que habría que añadir más requisitos al proceso de regularización: por ejemplo, que los inmigrantes aprendan catalán. "Aquí tenemos, y lo digo claramente, una lengua propia. Y quienes quieran obtener la residencia legal en España y en esta comunidad en concreto, deben mostrar la voluntad de conocer nuestra lengua propia". Lo dijo haciendo pausas dramáticas y poniendo carones, para darle énfasis. También afirmó que "aquí tenemos costumbres y tradiciones, y son los que venden los que deben adaptarse, y no a la inversa".

Una de las mejores noticias de estos días ha sido el anuncio del gobierno estatal de abrir, veinte años después del último, un nuevo proceso de regularización de las personas migrantes 'sin papeles' residentes en España. Es una excelente noticia en términos de derechos humanos y ciudadanía, aunque hoy en día se haya aceptado socialmente la negación de los derechos humanos, incluso de los genocidios.

El delegado del gobierno español en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha negado este martes que la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular que quiere sacar adelante al ejecutivo de Pedro Sánchez implique ningún efecto llamada, ya que se requerirán, al menos, cinco meses de residencia en España. "Es dar respuesta a personas que ya están aquí", ha remarcado, según ha difundido la agencia EFE. Rodríguez replicó de este modo las críticas de la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, a quien acusó de asumir "las políticas de migración de la ultraderecha".