La declaración de zona tensionada, una medida prevista en la Ley estatal de vivienda y que permite aplicar limitaciones al precio del alquiler, comenzó a dar sus frutos a municipios como Barcelona, ​​donde según datos oficiales cayó un 6,4% el precio medio de los nuevos contratos. Según datos del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) los precios medios del alquiler en municipios catalanes han descendido cerca de un 5%. Teniendo en cuenta que la situación de la vivienda en Baleares es peor que en la mayor parte del Estado, ¿hay algún motivo objetivo para no aplicar esta medida, con una situación extremadamente grave?