Un ciudadano de Mallorca, Juan Pérez, ha recurrido la denegación de la justicia gratuita que le ha hecho la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Mallorca y ha puesto sobre la mesa el debate sobre los límites económicos que determinan quién puede acceder a este servicio. Pérez, que tiene reconocida una pensión de incapacidad permanente total, tiene unos ingresos anuales de 18.439,38 euros brutos, una cantidad que la Administración ha considerado suficiente para poder pagarse un abogado, ya que supera el baremo establecido de 18.000 euros.

Carmen se duchó con agua fría todo un invierno. No tenía dinero para comprar un calentador nuevo. A 54 años perdió su trabajo como auxiliar de información turística cuando el Consell de Menorca privatizó el servicio. Cobró el paro y no volvió a encontrar un empleo. Luego sobrevivió con un subsidio de 400 euros, que no le permitía ni cubrir el alquiler. Daba clases de repaso por cinco euros, sistematizadas como una media jornada. "Me sacaba 300 euros más. Estuve ocho años resistiendo un desahucio", confiesa.

La pensión media en Baleares alcanzó los 1.230,61 euros en diciembre, lo que supone un aumento de algo más del 4,5% respecto al mismo mes de 2024, pero, sin embargo, se encuentra 87,1 euros por debajo de la media estatal.