El gobierno español permite desde julio que los particulares puedan alquilar sus embarcaciones para realizar actividades lucrativas de uso comercial hasta un máximo de tres meses al año. Ahora bien, durante el período, una empresa de alquiler de embarcaciones –los famosos charteres náuticos– debe gestionar la barca, que debe cumplir con los mismos requisitos técnicos que los barcos que se alquilan durante todo el año. La normativa del gobierno estatal ha provocado un enfrentamiento entre los ejecutivos de Pedro Sánchez y Marga Prohens.