El gobierno español permite desde julio que los particulares puedan alquilar sus embarcaciones para realizar actividades lucrativas de uso comercial hasta un máximo de tres meses al año. Ahora bien, durante el período, una empresa de alquiler de embarcaciones –los famosos charteres náuticos– debe gestionar la barca, que debe cumplir con los mismos requisitos técnicos que los barcos que se alquilan durante todo el año. La normativa del gobierno estatal ha provocado un enfrentamiento entre los ejecutivos de Pedro Sánchez y Marga Prohens.

La nueva Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de Baleares (APANIB) –que representa a las pequeñas y medianas empresas del sector del chárter náutico profesional– ha advertido este jueves que siete de cada diez pequeños negocios de chárter de las Islas podrían cerrar debido al Decreto del Gobierno que regula la actividad de este tipo de embarcaciones. Según ha denunciado APANIB, la nueva normativa prohíbe la venta por plazas individuales, una modalidad legal que se desarrolla en el resto de comunidades autónomas. Además, prohíbe el acceso a las rampas públicas, obliga a los chárteres a tener un amarre para poder operar y deniega la inscripción de nuevas embarcaciones.