Los 41 amarramientos del histórico puerto de Sanitja, al norte del Mercadal, se podrán volver a emplear a partir de este verano. Así lo ha anunciado este jueves el conseller de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, al acabar la reunión de coordinación convocada con Costas, los amarradores, el Ayuntamiento y el Consell de Menorca con el fin de encontrar una solución.

El histórico puerto de Sanitja, que acogía la antigua ciudad romana de Sanisera, al norte del Mercadal, se encuentra a las puertas de la temporada sin barcas. Ni una de la cuarentena que todavía había hasta este invierno. Costas las ha desalojado por no haber podido regularizar la asociación de usuarios y la situación legal de los cinco pantalanes que se empleaban en este paraje protegido, la cual ya había motivado la apertura de varios expedientes sancionadores por parte de la administración estatal.

La flota artesanal hará huelga el próximo lunes en señal de protesta por las nuevas obligaciones del sector pesquero, que califican de desproporcionadas e ineficaces. Sin embargo, la Federación Balear de Cofradías ha avanzado que no se descarta una huelga indefinida.

El gobierno español permite desde julio que los particulares puedan alquilar sus embarcaciones para realizar actividades lucrativas de uso comercial hasta un máximo de tres meses al año. Ahora bien, durante el período, una empresa de alquiler de embarcaciones –los famosos charteres náuticos– debe gestionar la barca, que debe cumplir con los mismos requisitos técnicos que los barcos que se alquilan durante todo el año. La normativa del gobierno estatal ha provocado un enfrentamiento entre los ejecutivos de Pedro Sánchez y Marga Prohens.

La nueva Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de Baleares (APANIB) –que representa a las pequeñas y medianas empresas del sector del chárter náutico profesional– ha advertido este jueves que siete de cada diez pequeños negocios de chárter de las Islas podrían cerrar debido al Decreto del Gobierno que regula la actividad de este tipo de embarcaciones. Según ha denunciado APANIB, la nueva normativa prohíbe la venta por plazas individuales, una modalidad legal que se desarrolla en el resto de comunidades autónomas. Además, prohíbe el acceso a las rampas públicas, obliga a los chárteres a tener un amarre para poder operar y deniega la inscripción de nuevas embarcaciones.