Regularización, migración, la gente de aquí, efecto llamada, padrón, residencia, derechos, colapso, trabas, boicot... Estas palabras –y algunas más– monopolizan el debate político desde hace semanas, en un bucle que ya no disimula hacia dónde gira y que nos arrastra hacia zonas ideológicas cada vez más oscuras. Mientras tanto, se va consolidando una idea tan simple como incómoda: el color de la piel, el lugar de nacimiento y la religión que se practique determinan los derechos de una persona en las Islas Baleares. ¿Cuál es la excusa? Que para ser un ciudadano de pleno derecho hay que acumular años de residencia.

Los bailes de Marga Prohens en República Dominicana se han convertido en el leitmotiv de los últimos debates en el Parlament. La oposición no le perdona la clase de bachata que hizo a mediados de marzo en un viaje institucional, en el que también se reunió con el presidente del país, Luis Abinader. No hay precedentes documentados de presidentes baleares apuntándose a las danzas caribeñas, un gesto que Prohens defendió como muestra de “respeto” a los anfitriones. Pero la hemeroteca sí que da cuenta de la intensa relación que los gobiernos de las Islas han mantenido con América Latina. Desde la visita de Gabriel Cañellas a Puerto Rico en 1992 hasta la cena de seis horas de Francesc Antich con Fidel Castro en el año 2000, la agenda exterior de los presidentes ha sido apretada.

El presidente Francesc Antich despidió en los años 90 con la promesa de un futuro progresista, pero Marga Prohens finaliza 2025 preocupada ante el auge de la extrema derecha. Por el camino, las Islas han sido uno de los ejemplos más flagrantes de la corrupción en el Estado. La entrada de Maria Antònia Munar (Unió Mallorquina) en prisión en el 2013 es una de las instantáneas imprescindibles para rememorar este primer cuarto de siglo. Han sido, además, 25 años de grandes movilizaciones: las últimas contra la saturación turística y los precios de la vivienda.

La Sala Primera de la Sección Primera del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso presentado por las diputadas socialistas y miembros de la mesa del Parlament balear, Mercedes Garrido y Pilar Costa, por su expulsión de la sala de plenos por parte del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), el 15 de octubre de 2024.