40 años después de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística (LNL), podemos afirmar que la lengua catalana en las Islas Baleares no sufre por falta de leyes, sino por falta de voluntad política. Esta es la idea central que emerge cuando analizamos el recorrido de una herramienta que, en su momento, fue imprescindible. Aquella norma estableció el marco legal necesario para hacer efectiva la oficialidad del catalán y permitió avances innegables en ámbitos como la administración, la educación y los medios de comunicación. Pero, sobre todo, nació de un consenso político unánime que hoy, cuatro décadas después, parece casi un milagro. Un consenso político que fue acompañado de un movimiento cívico, encabezado por la OCB y que reclamaba un marco legal de regulación y protección para la lengua catalana del cual ya disponían otros territorios y otras lenguas del estado español. 

El TSJIB vuelve a tumbar la imposición del porcentaje del 25% de la enseñanza en castellano en las aulas. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) inadmitió el recurso de un padre que pedía que su hijo recibiera al menos un 25% de las clases en castellano en una escuela de Palma. En la sentencia, emitida hace unas semanas, la Sala apunta a que los progenitores "tienen derecho a elegir el centro educativo, pero no a imponer el porcentaje del idioma en un colegio concreto".