En las Islas Baleares, los centros educativos gestionan de forma autónoma las sanciones y expulsiones de su alumnado a través de su Comisión de Convivencia. Por tanto, según explica la Conselleria de Educación, no están obligados a trasladar estos datos a la Administración y por eso no existe un registro global que permita conocer cuántos alumnos son expulsados ​​ni cuáles son sus motivos. Esta descentralización puede actuar como factor limitante a la hora de evaluar la incidencia de las medidas disciplinarias y analizar su efectividad sobre la convivencia escolar. Uno de los problemas que más le afectan son los casos de acoso escolar, en auge en los últimos años. Durante el curso 2016-2017 se activaron 420 protocolos por posibles casos de acoso, mientras que en el último curso fueron 887. De estos, aproximadamente un 20% se confirmaron como casos efectivos de acoso escolar.