La modificación legal impulsada por el Gobierno para eliminar la obligación de pasar por el Parlamento a la hora de modificar el ámbito de protección del Parque Natural de Es Trenc encendió todas las alarmas del ecologismo. La respuesta llegó el pasado 5 de julio, cuando 10.000 personas se concentraron en este espacio emblemático para protestar contra lo que consideran la puerta de entrada a una futura reducción de la protección.

Hay lugares que son más que un espacio natural, son símbolos, porque su conservación representa una manera de entender el país y el paisaje. El Trenc es uno de esos lugares. Durante décadas, la sociedad se ha movilizado para defender este espacio ante amenazas urbanísticas, especulativas y económicas.Hoy, esta defensa vuelve a ser necesaria. Las modificaciones introducidas con la Ley ómnibus no son simples ajustes técnicos. No implican una reducción inmediata de la protección del Trenc ni del resto de parques naturales de las Islas. El problema no es hoy, sino lo que estas reformas hacen posible mañana. Hasta ahora, las principales garantías del parque estaban recogidas en la Ley 2/2017. Cualquier modificación sustancial exigía debate político, transparencia y mayoría parlamentaria. Con la reforma impulsada por el PP, las modificaciones son más sencillas.La protección de los espacios naturales no depende de una única norma. Es el resultado de una arquitectura jurídica construida durante décadas, formada por leyes, directrices territoriales, planes de gestión y mecanismos de participación pública. Querer modificar este entramado desvela una estrategia destinada a debilitar las garantías que sostienen los espacios naturales protegidos.Primero se eliminan o flexibilizan limitaciones hasta ahora blindadas por ley. En el caso de El Trenc, determinadas protecciones dejan de depender del Parlament y pasan a poder ser modificadas mediante decreto del Consell de Govern. El cambio es profundo. Lo que antes exigía debate parlamentario y control democrático ahora desaparece. La normativa actual limita actividades turísticas, comerciales y recreativas, fija los usos autorizables y establece prohibiciones esenciales para preservar los valores naturales de este espacio. Ahora con la reforma, todo podrá ser revisado con más facilidad.La pieza central de esta operación son los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que son la principal barrera ante la intensificación de los usos urbanísticos y turísticos dentro de los espacios protegidos. En el caso de El Trenc impide, entre otros, el incremento de plazas turísticas. Si ahora se rebajan las limitaciones legales que definen, los futuros PORN podrán ser más permisivos.Pero la estrategia no acaba aquí. La futura ley agraria prevé la modificación de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), una de las principales garantías de protección del suelo rústico en las Islas Baleares. Ahora se pretende reducir estas limitaciones y facilitar actividades complementarias vinculadas al negocio turístico y recreativo. Esta combinación debilitará las garantías legales de los parques naturales y rebajarán las limitaciones que imponen las DOT. El resultado es una reconfiguración progresiva del sistema de protección ambiental construido durante las últimas décadas.Esta deslegalización facilita futuras modificaciones de los usos turísticos, recreativos y comerciales dentro del parque y abre la puerta a revisar la calificación de Área Natural de Alto Nivel de Protección. Los proyectos urbanísticos que durante décadas pusieron el Trenc en el punto de mira aún existen y a partir de ahora serán posibles.Por eso, sorprende que se nos acuse de alarmismo. La diferencia fundamental entre la mirada ecologista y la mirada política cortoplacista la encontramos aquí. La presidenta Marga Prohens y el conseller Joan Simonet sostienen que no hay ninguna voluntad de desproteger el Trenc, porque hoy no existe ninguna propuesta formal de modificar su protección. Es una mirada electoralista. En cambio, los espacios naturales exigen una mirada mucho más larga. Las grandes transformaciones territoriales se preparan durante años a través de pequeñas modificaciones normativas que eliminan limitaciones, reducen controles y facilitan los cambios. Debemos tener bien claro que, como la democracia, la protección de los espacios naturales no es una conquista irreversible, y que se ha de luchar continuamente, porque quien querría revertir la situación sigue presionando. Y en el caso del Trenc, Prohens tiene las presiones bien cerca.Lo mismo se repite con la futura ley balear de costas que plantea una flexibilización de procedimientos y usos. Por eso, la defensa del Trenc va mucho más allá de un parque natural concreto. La Ley ómnibus, la futura ley agraria, la reforma de las DOT y la nueva ley de costas forman parte de una misma intención de desprotección del territorio. De manera aislada pueden parecer modificaciones simples, pero, en conjunto, dibujan un modelo territorial claro: menos limitaciones, menos garantías y más facilidad para los intereses económicos particulares.La defensa del Trenc es la defensa de todos los espacios naturales protegidos de Mallorca. Ya lo entendieron miles de mallorquines y mallorquinas hace décadas. La movilización ciudadana fue decisiva entonces y volverá a serlo ahora. Porque el Trenc no es solo una playa. Es memoria. Es patrimonio colectivo. Es una de las grandes victorias ecologistas de Mallorca y, precisamente por eso, todavía es objeto de disputa.

Toda la isla de Mallorca acabará siendo una gran ciudad. Lo oí por primera vez hace una treintena de años, y no podría precisar de quién. ¿Algún portavoz del GOB? ¿Algún profesor del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad? ¿Algún militante del PSM? Qué más da, ahora.

Marga Prohens ha anunciado este lunes el Plan de conservación marina de Baleares con el que se ha comprometido a multiplicar por diez la superficie de alta protección en aguas de competencia autonómica hasta llegar a 500 kilómetros cuadrados antes de 2027, concretamente en el Parque Nacional de Cabrera, y hasta los 600 antes de 2030. La presidenta lo ha hecho de antes de la reformulación que impulsó el Gobierno recibía el nombre de reservas marinas de la isla del Toro y de Les Malgrats. El Ejecutivo redujo la superficie total de su reserva, pero aumentó la zona de alta protección que se preveía anteriormente. "Perdimos en cantidad, pero ganamos en calidad", reconocen fuentes que han participado en la redacción del Plan. Asimismo, consideran que la intención de Prohens "es buena", aunque admiten que "las líneas generales del Gobierno han sido reducir la protección del mar".