Según el informe elaborado por el colectivo de agricultores ecológicos que se ha mostrado más crítico con la nueva ley agraria, en las Islas sólo quedan unos 5.000 agricultores profesionales, y las explotaciones censadas –en todas las categorías– no son más de 15.000. En 1982 eran más del doble que ahora, con 31.835 fincas en activo. "Somos conscientes de que no podemos recuperar las cifras de los años 80. Ahora bien, la nueva ley que se nos presenta consolida el proceso y la tendencia. Es la renuncia definitiva al mantenimiento de una actividad agraria digna", aseguran en la documentación aportada para enmendar el proyecto de ley.