El sector primario de las Islas está ahogado por problemas que con los años se han agravado. La sequía, las alertas sanitarias, la permisividad de las administraciones para consentir usos impropios del suelo rústico y la falta de relieve generacional son algunos de ellos. Los pocos trabajadores que quedan en el sector primario buscan maneras de sobrevivir mientras que el debate sobre la importancia de la agricultura, la pesca y la ganadería para preservar el territorio y la sostenibilidad ambiental de Baleares está cada vez más presente.

Si la ley agraria que el Govern ha terminado se aprobara tal y como está redactada, el campo de las Islas podría acoger miles de nuevas plazas turísticas gracias a la ampliación del número de agroestancias que cada explotación profesional podrá tener. Las fincas agrarias que tengan la condición de preferentes o prioritarias –las que se dedican de forma profesional a la agricultura– podrán pedir hasta 10 plazas turísticas. Una "torpeza" según los colectivos conservacionistas y algunas organizaciones agrarias, y una "necesidad" según el Ejecutivo, que asegura que es la única manera de hacer viable un sector que lleva años en declive.

El Gobierno de Marga Prohens se prepara para llevar al Parlament una nueva ley agraria que, bajo el paraguas de la modernización y la diversificación, abre una nueva etapa en la relación entre el campo y el turismo. Si se aprueba, la norma permitirá que todas las explotaciones agrarias –gestionadas por alguien con carné de agricultor– puedan ofrecer hasta diez agroestadas. La izquierda ya había autorizado seis, pero el salto cuantitativo y cualitativo es ahora más profundo, porque no se trata sólo de turismo rural: la ley también facilitará la construcción de naves agrícolas, algunas vinculadas a actividades turísticas o complementarias, y la instalación más amplia de placas solares en el suelo rústico.