La proposición de ley del Consell de Mallorca de regulación de la afluencia de vehículos en la isla de Mallorca ya ha encontrado el primer escollo: la patronal de los vehículos rent a car, Baleval. La Asociación Balear de Vehículos con y sin conductor agrupa a operadores grandes, medianos y pequeños que desarrollan la actividad en las Islas. En un contundente documento registrado en el Parlamento el 17 de septiembre, Baleval ha presentado 22 enmiendas a la iniciativa que promete limitar la entrada de vehículos de alquiler en Mallorca con el objetivo de frenar el colapso circulatorio y la saturación.Baleval considera que la proposición de ley impulsada por el ejecutivo de Llorenç Galmés restringe el acceso a una actividad económica sin demostrar que los vehículos de alquiler sean la causa específica y principal del problema: “La ley parte de una atribución de responsabilidad singular al sector del alquiler de vehículos que no aparece suficientemente acreditada en el expediente legislativo”. Por ello, si no se acredita esta responsabilidad, consideran que la ley puede resultar arbitraria o discriminatoria. Creen que la proposición de ley no incorpora un análisis suficiente de alternativas regulatorias menos restrictivas ni acredita por qué la limitación específica de los vehículos de alquiler es la medida más adecuada. La patronal sostiene que limitar flotas y repartir cuotas de vehículos es una “intervención intensa” del mercado que necesita datos sólidos, una justificación detallada y el estudio de alternativas menos restrictivas.

El Consell destinará 1,2 millones de euros al instalar 250 cámaras en Mallorca (125 de lectura de matrícula y 125 de vigilancia) con el objetivo de obtener más datos sobre la procedencia y la tipología de los coches antes de limitar el número de vehículos de Mallorca. Todo esto lo hace después de haber pagado un estudio de carga que se presentó en octubre de 2024 y que determina que en 2023 entraron en Mallorca casi 400.000 vehículos. El consejero insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha justificado que los datos que se extraigan permitirán "hacer un estudio de carga mucho más detallado, con datos y tranquilizará al sector de los leva a caro que lo ha pedido y es lógico que quieran tener datos más concretos".

MF alquiló un coche en Valencia para realizar una ruta larga. Al devolver el vehículo le cobraron 200 euros de la tarjeta de crédito –y la empresa quería que fueran 500– por exceder el kilometraje. "Pero nadie nos había dicho que no podíamos hacerlo", cuenta. Por otra parte, Francisca (nombre ficticio) explica que le querían cobrar por no llevar la tarjeta física, pero si contrataba el seguro del vehículo le dejaban pagar con el móvil. "Yo no sabía que debía llevar la tarjeta física porque no me informaron de ello", dice. Éstos son algunos de los damnificados de las prácticas abusivas que aplican algunas empresas de alquiler de coches, que están bajo sospecha social porque recientemente la Organización de los Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a cinco compañías por "falta de transparencia y cláusulas abusivas".