El diputado de Vox en el Congreso, Jorge Campos, ha continuado con la polémica que ha generado tras atacar a una estudiante con hiyab en el acto de graduación de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Después de que la institución académica defendiera a la alumna —que tiene un currículum brillante—, Campos ha cargado contra el equipo de dirección de la universidad y ha llegado a afirmar que el "catalanismo separatista" de la UIB es "puerta de entrada a la islamización".

“Queremos que España siga siendo España, que nuestras calles sean de España. Nuestra sociedad se alza sobre los pilares de la cultura grecorromana y la tradición cristiana”. La responsable de estas palabras es la portavoz de Vox, Manuela Cañadas. Una política de extrema derecha rancia que ataca al lobby feminista, niega la violencia de género –si el individuo de género masculino es español–, y que se preocupa por los derechos de las mujeres cuando se trata de la presencia del burka y el nicab por las calles de Baleares, que es nula. Vox presentó una proposición de ley para prohibir estas prendas de ropa y tuvo el apoyo del PP, que remarcó que hace años que defiende la prohibición de los velos integrales, para que nadie ponga en duda su coherencia y piense que los populares practican por oportunismo político.

En el bazar de Khujand, la segunda ciudad más grande de Tayikistán, hasta mayo del año pasado paseaban mujeres con hiyab y abaya, otras con ropa europea y el cabello descubierto, y otras con pañuelos atados a la nuca y túnicas de colores. Ahora, sin embargo, una de estas vestimentas ha sido prohibida. En un país con más de un 90% de población musulmana, se podría pensar que el estado ha prohibido llevar el cabello descubierto. Pero no. En Tayikistán, que constitucionalmente es secular, la mujer multada es la que lleva hiyab.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha reconocido el derecho de una alumna de Primaria a recibir enseñanza islámica en un colegio público de Palma. Según la sentencia a la que ha tenido acceso el ARA Baleares, la Conselleria de Educación ha vulnerado un derecho constitucional al no responder a la petición formulada por su padre.