El Tribunal Supremo (TS) confirmó la condena a 12 años de cárcel a uno de los dos acusados ​​por el crimen de la autopista de Llucmajor, en la que perdió la vida un joven turista alemán que fue lanzado a la vía desde una furgoneta en marcha. La Sala de lo Penal, en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que ya confirmó la condena en primera instancia dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Palma.

Los propietarios de un edificio en Cala Llamp (Andratx) tendrán que tapar una parte de la piscina y abrir la terraza privada al público porque la justicia confirma que no pueden disfrutar del dominio público sin la pertinente concesión. Así lo ha sentenciado el Tribunal Supremo, quien confirma que una comunidad de propietarios "no puede ser titular de una concesión administrativa por ocupar dominio público marítimo-terrestre". La decisión ratifica la resolución de la Audiencia Nacional, que archivó la solicitud presentada por la comunidad de Cala Llamp, un territorio completamente desfigurado por el urbanismo salvaje de los últimos años.

El Tribunal Supremo (TS) inadmitió a trámite el recurso de casación presentado por la empresa Alcudiamar que impugnaba el cierre del establecimiento situado en el Puerto de Alcudia. El GOB, una de las entidades que en su día interpuso un recurso contra el establecimiento hotelero, informó este martes de la resolución judicial, que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que deja sin efecto la autorización turística concedida al Botel Alcudiamar y ordena su cierre.

El Tribunal Supremo rechazó la petición de medidas cautelares formulada por el Gobierno para suspender los traslados de menores no acompañados. La decisión, adoptada el 7 de octubre de 2025, establece que no existe una situación de urgencia que justifique actuar sin el trámite ordinario y sin la audiencia previa de la administración demandada.

El Gobierno presentó este lunes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la primera solicitud para suspender la efectividad del Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que fija la "capacidad ordinaria" del sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeras no acompañadas. Esta medida implica la inmediata suspensión de los traslados de menores hacia las Illes Balears, que se derivarían de esta norma.