A pesar de ser un magistrado con una carrera brillante, Carlos Gómez (Madrid, 1957) no sabía que acabaría dedicando su vida a la judicatura. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció dos años después de los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha. Sus inicios profesionales lo llevaron primero a Cataluña, a Santa Coloma de Farners, un lugar del que tiene muy buenos recuerdos, y después a Barcelona, donde con solo 26 años ejerció como juez de instrucción, una plaza especialmente compleja en el ámbito penal. En Palma trabajó en el Juzgado de Instrucción número 2 y, posteriormente, estuvo en una sección civil de la Audiencia Provincial (antes Audiencia Territorial), donde permaneció cerca de 30 años. Además de innovar la pedagogía de la judicatura, ha sido el primer español en formar parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU (2020-2024). En la actualidad preside el máximo órgano judicial de las Islas Baleares, el Tribunal Superior de Justicia.

Es uno de los edificios singulares de Palma y prácticamente todo el mundo sabe lo que hay actualmente en el interior: la presidencia del Gobierno autonómico; la Moncloa de las Islas, por así decirlo. Ahora bien, ¿qué era el Consolat de Mar, que dio nombre al inmueble? Fue el tribunal que se hizo cargo de juzgar los asuntos relacionados con el comercio marítimo a lo largo de casi siete siglos y que sobrevivió incluso a los decretos de Nueva Planta, que se llevaron por delante a todo el resto de instituciones propias de las Islas. Le recordamos cuando hace 700 años de su fundación, el 1 de febrero de 1326.

Una crítica habitual al sistema judicial es que sigue funcionando "como en el siglo XIX". Pero ahora podría empezar a remediarse: a lo largo del 2025 se desplegará una ley que quiere poner al día la justicia y hacer que sea más ágil. La ley de eficiencia cambiará la forma en que se organizan los juzgados –incluso como se llaman– y traerá novedades que buscan mejorar la protección de los niños y las víctimas de delitos sexuales. El nuevo sistema se aplicará escalonadamente en tres fases –en junio, octubre y diciembre–, afectando primero a los municipios más pequeños y finalmente a las ciudades más grandes.