El PP y Vox han impedido que el consejero del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, dé explicaciones por la destitución de la directora general de Costas en una comparecencia formal. Pero el consejero no ha podido esquivar las preguntas que le ha hecho la izquierda respecto a esta cuestión durante la sesión de control al Gobierno ni en una interpelación sobre la gestión del litoral. Acorralado por la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, que ha puesto en duda que la destitución cumpliera con la normativa, Lafuente ha asegurado que la destitución no se debe a "presiones externas ni a un expediente concreto".

Conselleria de Mar y Ciclo del Agua, 17 de agosto, 14:15 h. El jefe del Servicio Jurídico, Mariano Socias, firma digitalmente un informe jurídico y propuesta de resolución de 80 páginas sobre las polémicas autorizaciones de tumbonas y sombrillas de Formentera. La propuesta es volver a autorizar buena parte de las instalaciones que la Dirección General de Costas había dejado fuera solo tres meses antes.

Una tumbona puede parecer un objeto insignificante para hacer tambalear un gobierno. En Formentera, no. Hace más de 20 años que las tumbonas y los chiringuitos son capaces de enfrentar a técnicos, empresarios, administraciones y partidos e, incluso, marcar el resultado electoral en la isla.

El GOB Mallorca ha advertido que no se pueden aplicar nuevas tarifas a los servicios de playa sin que éstas hayan sido aprobadas oficialmente mediante el correspondiente procedimiento legal. La entidad ecologista ha presentado alegaciones en el Estudio económico de explotación de los servicios de temporada ante las informaciones aparecidas estos días sobre una posible subida de precios en las playas de Palma a raíz de la nueva licitación, que califica de "desorbitada" y fuera del marco legal.

Pasar el día a una tumbona y con una sombrilla "premium" en la playa de Cala Major de Palma cuesta 70 euros. Ésta es una prueba más de que el lujo se ha apropiado de todos los elementos relacionados con el turismo y aleja, aún más, a los residentes. Además de esta sobreexplotación e inflación extrema de los precios, el GOB denunció el caso ante la Dirección General de Costas y Litoral de la Consejería del Mar y del Ciclo del Agua por un "claro incumplimiento de la autorización otorgada al Ayuntamiento de Palma para la explotación de los servicios de temporada en las playas del término municipal de Palma".