A diferencia de los consejos insulares de Menorca, Eivissa y Formentera, el de Mallorca todavía no tiene las competencias de agricultura, ganadería y pesca, ni tampoco la de transportes terrestres. MÁS por Mallorca ha presentado una moción al Pleno del Consell de Mallorca para reclamar al Gobierno de las Islas Baleares el inicio inmediato del proceso de traspaso de las competencias en materia de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural. La formación ecosoberanista denuncia que el Gobierno del Partido Popular ha incumplido la Ley agraria de 2019 –que establecía un plazo de cinco años para hacer efectivo el traspaso– y, además, ha eliminado esta obligación del nuevo anteproyecto de ley agraria 2025. Por su parte, el Gobierno incumple la Ley de consejos insulares, 2022), el Ejecutivo debía completar los traspasos de las funciones que se indican en el Estatuto de Autonomía.

Vox registró el pasado lunes una proposición de ley que, de aprobarse, obligaría al Gobierno de las Islas a "establecer requisitos de acreditación de la capacitación lingüística en lengua castellana para los docentes". Pero a preguntas de los periodistas, los legisladores admitieron que no habían comprobado si esto es factible, puesto que las competencias sobre la lengua del Estado corresponden al gobierno español. "Ya se consultará", resolvió la portavoz, Manuela Cañadas. La anécdota ejemplifica un día a día en el Parlamento en el que los partidos formulan planteamientos de máximos que pueden chocar con competencias del Estado y europeas, o bien requerirían ser validadas por instituciones supraautonómicas que ya se sabe que no están dispuestas. Son desiderátums que les permiten posicionarse y marcar perfil frente al electorado, pero son difíciles de aplicar.