El cielo está nublado en San Lorenzo y, antes de que descargue, Mateu Quina transporta desde el corral una madera robusta y pesada que encaja con precisión en los riells instalados en los laterales de la entrada de su casa. No es simplemente la mesa inclinada propia de las casas de pueblo para que el agua caiga a la calle. Existe una ingeniería casera premeditada en este sistema que Mateo coloca como un autómata. Quiere evitar que, si el torrente se desborda, si el agua embiste como el fatídico 9 de octubre de 2018, todo lo que tiene en su hogar no acabe de nuevo enterrado bajo el barro. Esa tarde subió con su mujer y su hija a la planta alta. Mientras observaban la crecida del agua, oían los coches chocar contra esa puerta ahora protegida. Hasta que uno abrió la vivienda de par en par. "Vino la bocanada fuerte y tomó la pared del vecino. En nuestra casa, todos los muebles quedaron en el fondo del comedor. Estuvimos desde las seis de la tarde hasta la una del mediodía del día siguiente sin movernos de la planta de arriba, hasta que vinieron a buscarnos", relata.

Un año después de la dana, el presidente Carlos Mazón sigue sin esclarecer los detalles de la controvertida gestión del temporal más virulento que ha sufrido la Comunidad Valenciana este siglo, con más de 200 muertos. Los detalles sobre qué hizo el día de la dana se van conociendo con cuentagotas todavía y, a menudo, son contradictorios con la información que había trascendido previamente.

¿Las ausencias del presidente valenciano, Carlos Mazón, influyeron en la constitución tardía del comité de emergencias de la DANA del pasado 29 de octubre y en el envío, igualmente a destiempo, del ES-Alert? Y si, como defiende el Partido Popular, la participación del jefe del Consell no fue clave, porque conversó telefónicamente con la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, un minuto antes que ella dictara el contenido del mensaje y uno antes de difundirlo? Éstos son dos de los principales interrogantes que la instrucción de la juez Nuria Ruiz Tobarra no ha podido responder cuando se cumplen ocho meses de la catástrofe que arrasó buena parte del centro de la Comunidad Valenciana y que se saldó con la muerte de 228 personas. Entre las preguntas que la investigación sí ha sido capaz de contestar se encuentran que la Generalitat habría menospreciado los avisos de que alertaban de una gota fría extremadamente peligrosa y que su respuesta siempre habría sido tardía e insuficiente.