Miles de personas han recorrido este sábado el centro de Palma para reclamar el derecho a la vivienda. La Policía Nacional ha calculado una asistencia de unas 3.000 personas, mientras que las entidades convocantes las cifran en unas 10.000. Durante cerca de dos horas, las llaves de casa han repicado entre los manifestantes, y gritos como "Fuera rentistas de nuestros barrios", "Ni gente sin casa ni casa sin gente" y "Viva la lucha de la clase obrera" han acompañado una marcha que ha atravesado algunas de las calles más céntricas y caras de la ciudad.

Pilar López Cabrera, de 65 años, ha explicado este jueves, entre lágrimas y durante el pleno de Palma, el periplo que vive después de haber perdido su vivienda. "Soy española y con 40 años cotizados, pero he pasado todo el verano durmiendo en el coche", ha relatado. Durante los meses de julio y agosto, asegura que ha dormido dentro del vehículo, se ha lavado en establecimientos como el Eroski o el Mercadona y se ha duchado cada mañana en las duchas de Ciudad Jardín.

La crisis de la vivienda ha vuelto a salir a la calle este domingo en Palma. Alrededor de un centenar de personas se han concentrado para denunciar la situación de las familias que viven bajo amenaza de desalojo y para protestar contra lo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mallorca considera una “limpieza social”.

Una noche cualquiera, Ariadna acuesta a su hija dentro de su vivienda, una caravana. Cada atardecer tiene la misma incertidumbre: ¿cuánto tiempo podrá vivir así; cuándo le reconocerá la Administración el derecho a existir oficialmente allí donde vive? La niña tiene seis años y ya hace tres que intenta empadronarse en su casa. Sin éxito.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) decretó en marzo de 2019 que los contratos de alquiler pasarían de tres a cinco años. Ahora que miles caducan, la situación ha empeorado respecto de hace un lustro: el precio de la vivienda como bien especulativo sigue subiendo, alentado por una demanda muy superior a la oferta. Según las cifras del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los inquilinos isleños cuyo contrato acabe en ese momento tendrán que afrontar una subida del alquiler de 4.615 euros anuales. Este incremento se suma a una situación insostenible para muchas familias: el precio medio del alquiler en las Islas supera los 1.500 euros, el segundo más caro de España por detrás de Barcelona.

Àngela Pons ha sido voluntaria de distintas causas desde los años 70, "cuando todavía no existían los servicios sociales". Por entonces, ayudaba a Can Gazà. Vivió los estragos de la heroína, "una auténtica lacra", y hace 14 años entró a formar parte de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca en Mallorca (PAH), una asociación gratuita que ayuda a personas con dificultades para pagar la hipoteca, el alquiler o que se encuentran en un proceso de desahucio. Como otros muchos, dedica su tiempo libre, desinteresadamente, a defender el derecho a la vivienda. "Somos cocinera y no tengo estudios. Tuve que poner codos", afirma sobre unos conocimientos que aprendió sobre la marcha, forzada por la coyuntura de la crisis generada por la burbuja inmobiliaria y la subida del Euribor, que dejó a miles de familias en la calle. "Me parecía muy injusto que, después de años pagando al banco, no dieran una oportunidad a la gente cuando a los más ricos les refinanciaban los créditos", recuerda de sus inicios. El agravamiento del problema hasta volverse transversal y, ahora, trasladado a los alquileres, hizo que la asociación ampliara los servicios. "La vivienda se ha convertido en un producto de bolsa hinchado con el que las empresas [fondo de inversión y buitre] ganan mucho dinero. Los gobiernos les permiten utilizar la vivienda para especular en vez de parar a los monstruos y crear vivienda. En dos años, desahuciaron a 250.000 familias", critica.