Àngela Pons ha sido voluntaria de distintas causas desde los años 70, "cuando todavía no existían los servicios sociales". Por entonces, ayudaba a Can Gazà. Vivió los estragos de la heroína, "una auténtica lacra", y hace 14 años entró a formar parte de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca en Mallorca (PAH), una asociación gratuita que ayuda a personas con dificultades para pagar la hipoteca, el alquiler o que se encuentran en un proceso de desahucio. Como otros muchos, dedica su tiempo libre, desinteresadamente, a defender el derecho a la vivienda. "Somos cocinera y no tengo estudios. Tuve que poner codos", afirma sobre unos conocimientos que aprendió sobre la marcha, forzada por la coyuntura de la crisis generada por la burbuja inmobiliaria y la subida del Euribor, que dejó a miles de familias en la calle. "Me parecía muy injusto que, después de años pagando al banco, no dieran una oportunidad a la gente cuando a los más ricos les refinanciaban los créditos", recuerda de sus inicios. El agravamiento del problema hasta volverse transversal y, ahora, trasladado a los alquileres, hizo que la asociación ampliara los servicios. "La vivienda se ha convertido en un producto de bolsa hinchado con el que las empresas [fondo de inversión y buitre] ganan mucho dinero. Los gobiernos les permiten utilizar la vivienda para especular en vez de parar a los monstruos y crear vivienda. En dos años, desahuciaron a 250.000 familias", critica.