La huelga general convocada este miércoles en apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio de Israel ha registrado un seguimiento medio del 10 por ciento en los servicios públicos de Baleares, según ha dicho el STEI. En el sector educativo el paro ha registrado un seguimiento total de 796 docentes, de acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Educación. De ellos, 740 pertenecen a centros públicos y 56 a la red concertada, lo que sitúa el peso de la pública en un 93% del conjunto de participantes. Por islas, Mallorca concentra el grueso del seguimiento, con 584 docentes, seguida de Eivissa (129), Menorca (77) y Formentera (3). En todas las islas, la participación ha sido claramente mayoritaria en los centros públicos, y en Ibiza y Formentera ha sido exclusivamente pública, sin ningún docente de la concertada secundando el paro. En Menorca, el 98,7% del profesorado que ha participado en la huelga es de la pública, mientras que en Mallorca, la concertada ha tenido una presencia más destacable pero todavía minoritaria, con cerca del 9,4% de los participantes.

El Gobierno ha fijado los servicios mínimos que se aplicarán durante la huelga general de este miércoles, 15 de octubre de 2025, convocada para condenar el genocidio de Palestina y reclamar la paz. Afectan a sectores como educación, sanidad, transporte, Administración pública, servicios sociales y medio ambiente. Por ello, el Ejecutivo ha establecido que los servicios esenciales estarán activos para garantizar la atención a la ciudadanía.

Baleares es la comunidad autónoma con las viviendas de segunda mano más caras de España. El metro cuadrado superó, por primera vez, la barrera de los 5.000 euros. La subida interanual –con datos de mayo– ha sido del 20,9%, por lo que un piso de 90 metros cuadrados ha encarecido 90.000 euros en el último año. La situación para el alquiler es igualmente dramática: 19,7 euros el metro cuadrado, en el podio con Madrid y Barcelona, ​​según los datos de julio recogidos por el portal inmobiliario Idealista. La escasa oferta, la alta demanda, la voracidad de un mercado desbocado y la falta de políticas para crear un parque público de vivienda no auguran mejora. Las cifras frías se traducen en una emergencia residencial y social que obliga a vivir en caravanas, chabolas, edificios abandonados, como la antigua prisión de Palma o, directamente, en la calle.