El otro día volvía por la sombra y me encontré a un joven barbudo y despeinado estirado en el suelo, justo debajo de mi portal. No sabía si respiraba, y no reaccionaba a mis palabras y estímulos.La vecina de enfrente, a la que a veces veo en la terraza y con la que no había cruzado ni media palabra –quizás alguna vez, durante la covid-19, cuando parecía que los balcones cobraban vida– me puso en situación. Me dijo que este chico no estaba bien, que lo había visto dando vueltas y que hacía rato que estaba sentado allí delante, inconsciente. Entonces pensé que la cosa iba en serio. Llamé inmediatamente a los servicios de Emergencias.Y aquí llega la parte menos cinematográfica de la historia. Nada de respuestas inmediatas ni de ambulancias volando con las sirenas encendidas. Primero, el clásico contestador automático que te hace pulsar números como si participaras en un escape room. Después, cuando finalmente consigues hablar con alguien, parece que no te entienden –quizás porque les hablas en tu lengua; vete a saber qué misterio. Más espera, y más espera, mientras ya te imaginas que aquello acabará convirtiéndose en una maratón. Pero, al final, la realidad fue bastante mejor de lo que me esperaba. La ambulancia llegó en unos diez minutos y los profesionales actuaron con mucha diligencia y eficacia.Pero no es eso lo que me dejó mal cuerpo.Fue la gente.Durante todo aquel tiempo, la gente continuaba pasando por su lado. No una ni dos personas: un buen puñado. Algunos cambiaban de acera, como si su estado fuera contagioso. Otros ni siquiera levantaban la vista del móvil –las prioridades, ya se sabe. Nadie se detenía. Nadie le preguntaba si necesitaba ayuda. Era como si aquel joven fuera una papelera más de la calle, invisible a los ojos de todo el mundo. Yo me pregunto: ¿habría pasado lo mismo si, en lugar de un joven con apariencia de sin techo, hubiera sido un niño, una anciana o un hombre con corbata? No lo creo.Esto tiene un nombre: aporofobia.La aporofobia es el rechazo a las personas pobres. El término lo acuñó la filósofa Adela Cortina, combinando ‘áporos’ (‘pobre’) y ‘phóbos’ (miedo). Pero no es solo una cuestión de prejuicios. Es más profundo. Nuestro cerebro evita aquello que incomoda y se acerca a quien puede aportar alguna cosa. Y, además, estas personas nos recuerdan una verdad incómoda: que nosotros también podríamos acabar ahí. Una mala racha, una adicción, una depresión… y ya estamos. A nadie le gusta pensarlo.¿El resultado? Invisibilidad. Humillación. Gente que deja de contar. Un pez que se muerde la cola. Y sí, todos sabemos lo que se debería hacer: tratar a todo el mundo con dignidad, no juzgar por el aspecto, no valorar a las personas por lo que nos pueden dar. Fácil de decir. Difícil de practicar.Pero no nos engañemos: este no es solo un problema individual, ni una cuestión que dependa exclusivamente de la responsabilidad de cada uno. También –y sobre todo– es una cuestión política. Me explico. Hay quien actúa como si la pobreza desapareciera solo por el hecho de no verla. La receta es sencilla: sacarla del centro, apartarla de la vista. Desalojar, desplazar y dar el problema por resuelto. Pero, está claro, la pobreza no desaparece; simplemente se desplaza, casi siempre hacia los barrios de siempre.Y las ciudades se adaptan a ello. Bancos donde no te puedes estirar, pinchos, barras metálicas… Es lo que se llama arquitectura hostil. Dicho de otra manera: diseñar el espacio público para que vivir en él –o, mejor dicho, sobrevivir en él– sea cada vez más difícil para quien no tiene un hogar. El objetivo no es resolver el problema, sino hacerlo invisible. Como cuando, de pequeños, nos tapábamos los ojos pensando que así desaparecía aquello que nos daba miedo. La diferencia es que aquí se hace con recursos públicos. Este es el modelo que defienden el PP y Vox.Y cuando esta indiferencia sube un grado más, pasa lo que pasó en Gijón. El 26 de noviembre de 2022, una persona que dormía en la calle sufrió una agresión brutal que los autores grabaron y difundieron en las redes sociales. No por robar. No por venganza. Por humillación. Porque sí. Porque era vulnerable. La viralización del vídeo propició una denuncia ciudadana que desencadenó en un juicio. La parte positiva de todo esto –si es que la hay– es que la respuesta fue contundente. La sentencia, publicada hace unos pocos meses, reconoció la aporofobia como delito de odio. Un precedente importante. Porque deja claro que esto no son casos aislados: es violencia contra quien menos puede defenderse.Cuando los sanitarios se llevaron a aquel joven, yo seguí hacia casa. No sé qué fue de él. Pero sí sé qué me quedó: la sensación de que el problema no es solo la pobreza, sino nuestra capacidad brutal de acostumbrarnos a ella. Porque una sociedad no se define por cómo trata a los que triunfan, sino por cómo mira –o ignora– a los que han quedado atrás. Y el día que pasas al lado de alguien estirado en el suelo y ni siquiera te planteas si necesita ayuda, quizás el problema ya no es solo suyo.Es nuestro.

285.000 personas que viven en Palma –dos de cada tres, si se toman los 430.000 habitantes de 2023 como referencia– no tienen acceso a zonas verdes de más de una hectárea, según consta en el informe Cómo garantizar el derecho a la naturaleza?, que compara las zonas verdes de las ciudades según la renta de la población y que ha hecho público este miércoles Amigos de la Tierra. La renta determina la alimentación, la educación, la vivienda, las oportunidades y también algo en apariencia tan sencilla como vivir cerca de un parque. El análisis que hace la entidad se basa en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la regla 3-30-300: poder ver 3 árboles desde la ventana, un 30% de cobertura vegetal en el barrio y un parque de al menos una hectárea a no más de 300 metros.Palma tiene parques de gran superficie, pero la vegetación de proximidad es escasa en los barrios con más densidad de población, que también son los que tienen rentas más bajas. "En los barrios de menor renta la superficie de zona verde por habitante es inferior a las zonas de mayores ingresos debido a la densidad poblacional", dice el informe, que remarca que "la situación es especialmente preocupante principalmente para las personas vulnerables, que son las que disponen de menos zonas verdes y las que tienen menos opciones de adaptarse al cambio climático", explica la responsable de Participación y Proyectos de Amics de la Terra Mallorca, Lucía Ami. Se trata de personas que no tienen garantizado el "derecho a la naturaleza".

Ibiza constituye una oferta turística sin competencia. Suena exagerado pero no lo es. Lo que marca la diferencia son las discotecas, las mejores del mundo, según han reconocido varios galardones en el último par de años (los Golden Moon Awards y el ranking anual de DJ Mag). Los clubs siempre han sido el elemento distintivo ibicenco, pero su peso en el conjunto de la oferta se ha disparado a partir de la entrada del Grupo Matutes en el negocio con tres grandes salas: Ushuaïa, Hï y desde hace dos temporadas UNVRS. Ahora mismo en Ibiza puedes estar de fiesta de noche o de día, bajo las luces estroboscópicas de un club o en una playa, tanto se vale.

Cáritas Mallorca ofreció atención y acompañamiento a 6.976 personas en 2025, un 10,4% menos que el año anterior, según la memoria que la entidad ha presentado este jueves y que ha difundido Europa Press. La directora de Cáritas Mallorca, Esther Romero, ha remarcado que la vivienda es "el epicentro de la desigualdad" en las Baleares. De hecho, el 49,5% de las personas que Cáritas ha atendido en Mallorca vivían en casas compartidas con gente sin ningún grado de parentesco –4,4 puntos por encima de 2024– y el 40,5%, subarrendadas. Esto convierte las viviendas donde residen estas personas en "espacios de supervivencia", con una "falta de intimidad" y donde "los conflictos deterioran la salud física y mental de las familias".

Un 40% de las personas en riesgo de pobreza en Baleares tienen trabajo, según el informe Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, que ha publicado este miércoles la Fundación Ramón Areces y el Ivie. Según el documento, poner fin a la situación de riesgo de pobreza costaría alrededor de 24.000 euros anuales, lo que supone un 1,8% del PIB del país, aunque "hay grandes diferencias" entre la renta necesaria en diferentes territorios.

Elacceso a laemancipación juvenil en las Baleares

El engaño no es sofisticado, pero sí efectivo. La rueda del sistema gira a favor de los capitalistas, que siempre ganan en esa ruleta de la mala suerte. Por otro lado están los pobres, quienes alquilan por horas sus cuerpos y cerebros a cambio de un salario que deben gastar para alimentar el estado 'natural' de las cosas.

El número de jóvenes inscritos en Baleares pero residentes en el extranjero no ha dejado de crecer en los últimos años. Según los datos incluidos en el Anuario de la Juventud de las Islas Baleares 2025, este año había 13.330 jóvenes de entre 15 y 34 años empadronados en Baleares que vivían fuera, una cifra que casi triplica la registrada en 2009, cuando eran 3.409 (+291%). El incremento también es muy notable si se compara con 2015, año en el que se contabilizaban 6.425 jóvenes en esta situación. La sostenida evolución de este indicador apunta a una posible salida de jóvenes formados hacia el exterior, en un contexto que, paradójicamente, es de recuperación del peso demográfico de la población joven en las Islas.

Día primero de enero se encontró el cuerpo de un hombre de 52 años, fallecido en un parque del Camp Redó de Palma. Era una persona que vivía en la calle y que, según las noticias sobre el hecho, murió a causa de las distintas enfermedades que sufría. Y también, evidentemente, a consecuencia del hecho de vivir en la calle y pasar las noches al raso en plena ola de frío.

Baleares se encuentra ante una crisis residencial sin precedentes. Según el IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social, presentado este miércoles por Cáritas, 46.000 hogares del Archipiélago caen en pobreza severa sólo después de asumir el coste del alquiler y los suministros. Los responsables de la entidad alertan de que el derecho a la vivienda se ha convertido en un "derecho falso" y que la presión inmobiliaria está expulsando a muchas familias de la posibilidad de vivir con dignidad. "La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna", ha señalado el sociólogo de Foessa, Thomás Ubrich, en la presentación del informe en Palma. "No fallan las personas sino el sistema", ha añadido, poniendo de relieve que muchos hogares intentan salir de la situación de exclusión, pero se encuentran con barreras estructurales y dispositivos fragmentados que impiden su recuperación.

Las informaciones sobre pagos indebidos en el marco de la Renta Social Garantizada (Resoga) "han generado una comprensible preocupación ciudadana", ha reconocido EAPN Illes Balears, quien recuerda que "cualquier prestación pública debe disponer de los mecanismos de control y eficiencia necesarios para garantizar su correcta implementación". Según la entidad, "la transparencia y la buena gestión del dinero público son condiciones innegociables en un estado social y democrático de derecho".

Baleares presenta una tasa de exclusión social del 19,1% en 2024, lo que representa un ligero descenso respecto al 20,7% del año 2018, según los datos publicados este miércoles en el IX Informe Foessa, presentado por Cáritas en España, y que alerta de que, sin embargo, existe un aumento de ''.

Un 55,6% de las familias que han sido atendidas por la Fundación San Juan de Dios en Mallorca entre 2018 y 2022 son monomarentales, según el estudio Familias en situación de exclusión residencial, presentado este miércoles en Palma con motivo del décimo aniversario de la entidad. Asimismo, las familias procedentes de Sudamérica representan un 68,1% del total y se convierten en el colectivo más afectado por la exclusión residencial en las Islas Baleares.

Los menores de 18 años son el segmento con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en las Islas Baleares, con un 23% de afectados en 2024, según el Informe del Estado de la Pobreza 2025 de la EAPN. A pesar de ser un elevado valor, representa una bajada de 10 puntos respecto a 2023. A escala global, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) ha alcanzado los valores más bajos de los últimos años, situándose en el 16,2%, y por primera vez desde 2020 por debajo del objetivo previsto para este año,6,6. Casi 200.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. La carencia material extrema también ha disminuido dos puntos y afecta a aquellos que no pueden afrontar imprevistos (30%) y aquellos que no llegan a fin de mes (40%), entre otras situaciones. Todo ello, en un momento en que Baleares lleva años con cifras de prácticamente pleno empleo. Ahora bien, con trabajos precarios y con bajas retribuciones.